Golpistas en la calle: flagrante fraude de ley

La cárcel de Lledoners sigue la estela de otras prisiones catalanas y aplicará el artículo  100.2 del reglamento penitenciario para permitir que Oriol Junqueras y Raúl Romeva, condenados a trece y doce años de prisión por un delito de sedición, salgan tres días a la semana para trabajar. La decisión depende de la  consejería de Justicia de Generalitat de Cataluña ( o sea, de Quim Torra), que ya ha concedido beneficios penitenciarios a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez,  Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carmen Forcadell, bien para realizar tareas de voluntariado, trabajar o cuidar a familiares con edad avanzada.

Estamos ante un escándalo de proporciones mayúsculas, porque los permisos se están concediendo en un claro fraude de ley. La Fiscalía se ha opuesto a los beneficios penitenciarios porque no es habitual ni es estético que presos condenados a penas tan elevadas puedan disfrutar de un régimen de semilibertad tan pronto cuando ni «aceptan» que cometieron un delito ni se han comprometido a no volver a hacerlo. Más bien todo lo contrario.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha defendido la posición de la Fiscalía en contra de que la Generalitat de Quim Torra, inhabilitado, además, por un delito de desobediencia, esté concediendo permisos a los golpistas condenados por el Supremo, como si de un «tercer grado» encubierto se tratase. «No es frecuente» aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a quienes están en la cárcel con penas de hasta 13 años «en un plazo tan corto» de tiempo.

La Fiscalía sostiene que flexibilizar la estancia en prisión de los líderes separatistas catalanes supone una manera de eludir los cauces de oposición y recurso que tiene el Ministerio Público contra las decisiones de las Juntas de Tratamiento Penitenciario de las cárceles catalanas. Y ha manifestado que si se consideraba que los internos ya estaban en condiciones de ser puestos en libertad «lo más razonable habría sido un tercer grado».

Un Estado de Derecho que permite que un delicuente como Torra abra las puertas de la prisión a los golpistas no es un Estado de Derecho: es una vergüenza. Estamos ante un fraude de ley revestido de apariencia de legalidad con la connivencia del Gobierno.