El Gobierno desincentiva el trabajo

Díaz se reúne con los agentes sociales para exponer sus propuestas sobre salario mínimo y subsidio por desempleo. En el primer caso, quiere incrementarlo, al menos, indexado a la inflación, es decir, con un suelo del 3,8% para 2024. En el segundo caso, quiere incrementar el subsidio de 480 euros mensuales a 660 euros al mes durante los primeros seis meses, para dejarlo en 540 euros los seis meses siguientes, para terminar, de nuevo, en 480 euros al mes. Del mismo modo, quiere extenderlo a los menores de 45 años y hacerlo compatible durante 45 días con una situación de empleo.

Díaz fomenta la política del subsidio en lugar de la política de la formación, de la prosperidad, donde las personas puedan valerse por ellas mismas y encontrar un puesto de trabajo. Es obvio que si una persona lo está pasando mal hay que ayudarla, pero no condenarla a vivir toda la vida de un subsidio, porque se la estará vaciando profesionalmente y como persona, atándola a la discrecionalidad del Gobierno de turno que quiera o no prorrogar esa política.

Esas medidas, además, son un claro desincentivo para el trabajo, además de perjudicar al mercado laboral y fomentar la economía sumergida. Esto supone un elemento que puede acentuar la desaceleración económica, que se intensifica, como hemos visto con la publicación de los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre, donde se destruyen más de 11.500 puestos de trabajo, que son los afiliados que se pierden, con una caída el último día de mes de más de 114.000 afiliados.

Por mucho que el Gobierno haya dicho en anteriores ocasiones que los organismos internacionales no ven mal incrementar el salario mínimo, no es así. Por supuesto que los organismos internacionales han alertado del peligro que puede constituir la subida del salario mínimo en más de un 20%, incremento ya superado con creces con la primera gran subida que acometió Sánchez. De hecho, tanto la Comisión Europea, como el FMI y la OCDE en distintas previsiones, alertaron de ello en su momento. Es más, la Comisión Europea llegó a decir que dicho incremento del salario mínimo pudo impedir la creación de 70.000 puestos de trabajo, cifra que el Banco de España elevó después, al establecer una horquilla de entre 78.000 y 143.000 puestos de trabajo que se dejaron de crear sólo por la subida del salario mínimo un 22,3% en 2019; por tanto, las subidas posteriores y esta última pretendida por el Gobierno, ahondarán en el efecto negativo sobre la actividad económica y el empleo.

Tampoco es verdad que el Premio Nobel de Economía, David Card, sostenga que el salario mínimo no tenga efectos negativos. Investigó la influencia de la subida del salario mínimo en Nueva Jersey en un momento concreto de la década de los años noventa del sigo XX, para concluir que no destruyó empleo.

Con ello, la izquierda, amante de la subida del salario mínimo, ha argumentado que, por tanto, queda demostrado que subir el salario mínimo no disminuye el número de puestos de trabajo. Nada de eso.

En primer lugar, el profesor Card lo ha explicado en más de una ocasión: su estudio se circunscribe a una subida concreta y delimitada del salario mínimo en un sitio con escasa tasa de desempleo en el momento del incremento, donde había muchas multinacionales que, en muchos casos, pagaban salarios por encima del mínimo, con lo que no tenía efecto, porque cuando un precio mínimo, como es el del salario, se establece por debajo del precio de mercado, no tiene incidencia porque, en la realidad, no se aplica.
Es obvio, como el propio Card ha señalado en alguna otra ocasión, que si el salario mínimo sube y está muy por encima del de mercado para un sector o segmento profesional o capacitación, puede, perfectamente, incrementarse el desempleo, especialmente en una economía con un tejido productivo basado en mucha pequeña y mediana empresa -como la española y la del conjunto de Europa, por ejemplo, donde hay un 95% de pymes-. Ese deterioro puede ser todavía mayor si nos encontramos en una economía con una importante economía sumergida y con una ralentización de su actividad económica y altas tasas de desempleo.

Por eso, dentro de esta medida, los más perjudicados van a ser los laboralmente más débiles. Hay provincias o regiones, como Madrid, donde tendrá un efecto menor, por el mayor nivel salarial ya existente, aunque también se verá perjudicada su economía por esta medida; pero hay otros lugares, provincias o regiones donde el coste salarial y laboral son menores, donde el tipo de trabajo tiene una menor remuneración por su aportación al valor añadido que genera, que puede hundir la actividad en dichos lugares.

En cuanto a las personas, por segmentos, las menos cualificadas se verán expulsadas del mercado de trabajo, por no ser capaces, con su trabajo, de crear suficiente valor para cubrir su coste laboral más el margen necesario que necesita la empresa para poder continuar con su actividad, o se verán arrastradas a la lacra de la economía sumergida, que hay que erradicar y perseguir, pero que, con esta medida, podría incentivar el Gobierno, donde aumentaría el fraude, perderían derechos los trabajadores, se recaudaría menos, tanto en impuestos como en cotizaciones a la Seguridad Social, y se incrementaría el gasto, pues aumentaría el número de prestaciones por desempleo.

En ese grupo se encuadran muchos jóvenes, que con una tasa de paro del 40% recibirán la puntilla en su horizonte laboral con una barrera como la del salario mínimo, que aumenta los costes de su contratación, eliminando muchos potenciales puestos de trabajo y dejándoles, por tanto, en una precariedad mayor: sin empleo y sin esperanza de encontrarlo.

Adicionalmente, a los autónomos les encarecerá sus cuotas a la Seguridad Social, ya que afectará a los que coticen por el mínimo. Por tanto, el Gobierno se equivoca, de nuevo, seriamente, con el salario mínimo. No hay que subirlo, porque empeora la creación de empleo.

Y en cuanto al incremento del subsidio por desempleo, a la relajación de controles y a la extensión a otros grupos de edad, sólo generará un claro desincentivo laboral, mermando la capacitación de los trabajadores, oxidando sus habilidades y convirtiéndolos en dependientes de un subsidio público, que les quita libertad y capacidad de valerse por sí mismos. Es el camino hacia una sociedad cautiva, atenazada por el subsidio y sin capacidad para generar prosperidad de manera sostenible por sí misma.