El Gobierno compra el relato separatista contra los jueces

No tiene precedentes el ataque del Gobierno contra un juez de la Audiencia Nacional, porque las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera, contra el magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami, son la prueba del nueve de que el Gobierno se ha sumado a las tesis del separatismo, al sustentar que la actuación del juez raya en la prevaricación, tras elevar este al Tribunal Supremo su exposición razonada donde desvelaba que veía terrorismo en los actos de esa organización violenta independentista después de que se firmara el pacto entre PSOE y Junts que aseguraba la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez ha comprado el relato del mismísimo Carles Puigdemont, al acusar el Ejecutivo al magistrado de tener «cierta querencia» a realizar pronunciamientos judiciales en «momentos políticos sensibles».

Sin embargo, como publica OKDIARIO, la actuación de García-Castellón fue exactamente al revés: en lugar de apresurarse a redactar un escrito que podría dar al traste con las negociaciones entre socialistas y secesionistas, lo que ocurrió fue que pasaron exactamente 5 días entre la investidura en el Congreso y la elevación de la exposición razonada al Supremo al ser Carles Puigdemont aforado por ser eurodiputado. Tal vez lo que quepa reprocharle al magistrado es que intentara desligar el tiempo judicial del tiempo político, entre otras cosas porque nadie se lo iba a agradecer. En cualquier caso estamos hablando un juez que ha demostrado que no se casa con nadie -que le pregunten al PP- y que ha tenido un comportamiento exquisitamente escrupuloso, pues la resolución de García-Castellón se produjo después de que la Sala de lo Penal tumbara el incidente de recusación que pendía contra él, el de Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont.

Lo que resulta una indecencia es que el Gobierno de España se haya posicionado del lado de los sediciosos para atacar a un magistrado de la Audiencia Nacional que se ha limitado a cumplir con su trabajo. Quien no ha cumplido con lo que demanda el cargo de presidente del Gobierno de España es Pedro Sánchez, que ha llevado su infamia al extremo de comprar el relato de quienes subvirtieron el orden constitucional atacando a los jueces que intentan preservar la ley y el ordenamiento jurídico.