Falta decencia para convocar elecciones

El artículo 66 de nuestra Constitución establece que «las Cortes Generales – formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado- ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución». Pero hemos llegado a un punto de bloqueo en el que resulta absolutamente imposible que las Cortes cumplan ninguna de sus funciones constitucionales. El Senado está sacando adelante iniciativas legislativas que, una tras otra, se ven frenadas en la Mesa del Congreso. Por su parte, el PSOE acumula casi 100 derrotas en el Pleno del Congreso y en algunas de ellas ha tenido en contra hasta a sus socios de coalición.

En los siete años que lleva gobernando Pedro Sánchez sólo ha conseguido aprobar tres presupuestos generales del Estado, que es otra de las funciones encomendadas a las Cortes. El año 2024 el Gobierno ni siquiera cumplió con su obligación constitucional de presentar un proyecto de presupuestos y para el 2025 ya ha anunciado que tampoco lo hará y volverá a prorrogar los de 2023. Y en cuanto al control de la acción del Gobierno, que es la última de las funciones de las Cortes, sólo se ha celebrado un único debate sobre el estado de la nación en los 7 años de Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que no se ha permitido que los diputados evalúen la gestión del Gobierno y discutan las políticas llevadas a cabo.

Las Cortes no consiguen legislar, no controlan al Gobierno y ni siquiera son capaces de aprobar unos presupuestos. Pero tampoco hay manera de sacar adelante una moción de censura que ponga fin a este despropósito. Se ha intentado ya en dos ocasiones, en 2020 y en 2023, este procedimiento parlamentario por el que el Congreso de los Diputados puede retirar la confianza al presidente del Gobierno y forzar su dimisión, y las dos han fracasado. Los mismos partidos políticos que una vez tras otra tumban las iniciativas legislativas que presenta el Gobierno y que le impiden aprobar sus presupuestos, se resisten tenazmente en contra de cualquier iniciativa que pretenda poner fin a esta situación, sosteniendo a un Gobierno débil, incapaz de gobernar.

En esta situación de ingobernabilidad, solamente «el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales», conforme al artículo 115 de la Constitución. Pero Pedro Sánchez no puede convocar elecciones anticipadas porque tiene sentados en el banquillo de los acusados a su esposa, Begoña Gómez, imputada por los delitos de corrupción y tráfico de influencias; a su hermano David, imputado por los delitos de malversación, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tráfico de influencias y prevaricación; a su fiscal general del Estado, imputado por un delito de revelación de secretos para perjudicar a una rival política; al que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, imputado por cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal; y al que le guardaba los avales por las noches, cuando Sánchez era candidato a Secretario General del PSOE, Koldo, imputado por organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

Y sus socios de Sumar tienen imputado a Íñigo Errejón, por agresión sexual; acusaciones similares a las que han hecho que Podemos pretenda desentenderse de su fundador, Juan Carlos Monedero. Falta decencia y sobran imputados para que España pueda salir de esta situación. Con un complicadísimo panorama internacional en el que se escuchan tambores de guerra por el norte mientras la emigración ilegal nos invade por el sur, falta decencia para que Pedro Sánchez convoque las elecciones que nos permitan salir de esta endiablada situación de inestabilidad.