Exijamos un referéndum sobre la prisión permanente

La portavoza de Podemas, Irena Montera ha animado a los familiares de víctimas de crímenes violentos que desean que se mantenga la Prisión Permanente Revisable (PPR), a que pidan al Gobierno un referéndum vinculante sobre esa cuestión, afirmando que su partido estaría encantado de que se celebre. El PP aprobó en 2015 la PPR para determinados casos de asesinatos agravados, aprovechando su mayoría absoluta y sin negociarla con la oposición. Estos la recurrieron en bloque ante el Tribunal Constitucional pero pretenden derogarla ahora, sin esperar a que éste se pronuncie. A pesar de que el 80% de los españoles somos partidarios de que se mantenga porque nos parece más justa y sabemos que todos los países de nuestro entorno tienen penas similares y que los organismos de derechos humanos la consideran ajustada a sus normas. 

Pero la Constitución también establece en su artículo 92 que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos», para lo que sólo se necesita la autorización del Congreso. No obstante nuestros políticos han preferido tomar esas decisiones sin consultarnos a los ciudadanos y en los últimos 40 años tan sólo nos han preguntado si queríamos entrar en la OTAN y si aprobábamos el Tratado para la Constitución europea, aparte de un puñado de consultas de ámbito municipal. O sea, que a algunos les han preguntado si querían que les recogieran la basura puerta a puerta, pero a ninguno nos han preguntado qué pensamos sobre el aborto, las subidas de impuestos, la congelación de las pensiones, o los años que deben estar en la cárcel los asesinos de niños que ocultan sus cadáveres en un pozo, aumentando así el tormento de sus padres. 

Mañana jueves, todavía conmocionados por el fatal desenlace del pequeño Gabriel, asesinado por Ana Julia Quezada, la pareja de su padre, el Congreso de los Diputados va a estudiar la derogación de la PPR. Este debate se produce por la abstención de Ciudadanos sobre una proposición del PNV respaldada fundamentalmente por el PSOE y Podemos. Se pretende derogar esta pena sin esperar a que el Tribunal Constitucional dictamine si se ajusta o no a los principios recogidos en la Carta Magna. Y lo van a decidir a sabiendas de que la inmensa mayoría de la sociedad respalda la iniciativa impulsada por los familiares de Diana Quer, Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, Ruth y José Bretón y Candela y Amaia Oubel, quienes encabezan la petición para que no se derogue. 

Los referendos no son sólo para salirse de la Unión Europea, como hizo el Reino Unido con el ‘Brexit’. O para aceptar el rescate de Grecia, como hizo Tsipras desoyendo el ‘Oxi’ de sus votantes. En Suiza le han preguntado a sus ciudadanos sobre cuestiones como el servicio militar obligatorio, pasar de su sistema privado de salud a otro público, limitar la llegada de inmigrantes, aumentar sus reservas de oro, subir sus vacaciones a seis semanas, o establecer una renta básica. Sin necesidad de igualar a los suizos -quienes han sido preguntados sobre ni más ni menos que 562 temas desde la creación del Estado federal, en 1848- en España podríamos mejorar mucho nuestra democracia si nuestros políticos decidieran consultarnos «decisiones políticas de especial trascendencia», como prevé nuestra Constitución, y dejaran de tratarnos como a niños, como pretenden hacer de nuevo mañana. Irena Montera ha tenido una buena idea, deberían consultarnos en un referendo acerca de la Prisión Permanente Revisable y de paso nos podrían preguntar también si queremos seguir teniendo autonomías, si preferimos que haya menos diputados o si queremos que desaparezca el Senado. ¡Ya puestos!