Una encuesta oficial extraña e inquietante

¿Qué hace el Centro Superior de Investigaciones Científicas realizando encuestas en la que, entre otras cuestiones, y sobre las hipotéticas medidas que pueden ser necesarias contra el coronavirus,  plantea establecer un «toque de queda» o permitir a la Policía el acceso al historial médico de los ciudadanos? A través de uno de sus centros, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, el CSIC asegura que el objetivo «es conocer las opiniones e inquietudes de la ciudadanía respecto a la dimensión social de la crisis sanitaria sin precedentes originada por la pandemia de Covid-19», pero una cosa es conocer la dimensión social de la crisis y otra entrar en terrenos pantanosos que afectan gravemente a los derechos y libertades individuales.  La encuesta se ha realizado entre quienes hayan recibido una invitación por SMS (el número es elegido de forma aleatoria) o «hayan visto anuncios en medios digitales», indica el organismo.

Sorprende que un organismo público plantee cuestiones que son absolutamente inconstitucionales, salvo que el Gobierno decretara el estado de sitio. Alguien debería de dar una explicación sobre las razones de esta encuesta que no hace otra cosa que extender las sombras de sospecha, más aún después de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no negara -luego sí lo hizo el de Sanidad- la posibilidad de ordenar un próximo aislamiento  forzoso de los asintomáticos.

El organismo pregunta a continuación sobre «qué otras medidas considera que serán necesarias en los próximos 6 meses para evitar nuevos contagios» por el coronavirus, entre las que se incluye limitar los desplazamientos; usar mascarillas y guantes; restringir el acceso a espacios públicos, parques, playas, parques naturales; controlar a la población a través de los móviles; suprimir eventos masivos; realizar controles sanitarios obligatorios a la población; permitir el acceso de las Fuerzas de Seguridad a los «datos médicos personales» o el «confinamiento selectivo» de «personas diagnosticadas y de alto riesgo».

Podría haberse ahorrado tanta pregunta y plantear una única cuestión: ¿Estaría de acuerdo que para hacer frente al coronavirus el Gobierno decretara el estado de sitio y suspendiera derechos fundamentales contemplados en la Constitución?