Una ley que demuestra que con Sánchez no van a quedar ni los restos

El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario con el objetivo de reducir el volumen de alimentos que se tiran a la basura en toda la cadena alimenticia. En principio, nada que objetar. En principio, porque la iniciativa supone un nuevo golpe de tuerca al sector de la hostelería, que se arriesga a sufrir multas de hasta 500.000 euros. Y es que obligar a un sector ya de por sí maltrecho a elaborar un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano, es una manera hipócrita de convertir a las empresas de hostelería en chivos expiatorios del intervencionismo sin límites del Ejecutivo. Y es que, como señala el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, la ley es un insulto al sentido común y tiene un sesgo totalitario que apesta. «¿Van a poner una multa por un trozo de tortilla que ha sobrado?, se pregunta. La cuestión no es baladí, porque la ley no concreta nada y es de una ambigüedad insultante, ya que lo único que queda claro es el importe de las sanciones. Da toda la sensación de que la ley responde más a un afán recaudatario que a otra cosa.

Y es que una cosa es concienciar sobre la necesidad de no desperdiciar alimentos y otra, bien distinta, amenazar a los restaurantes con la quiebra si no cumplen a rajatabla el plan. Las sanciones no es que sean desproporcionadas, sino que rayan con el matonismo. Parece obvio que el Gobierno ha puesto en la diana al sector de la hostelería que, como si no tuviera bastante con lo que ha pasado, se enfrenta ahora a una nueva obligación que incrementará sus costes. La ley contra el desperdicio alimentario es una metáfora del intervencionismo del Ejecutivo. Y es que, con Pedro Sánchez, en España no van a quedar ni los restos