Derechos civiles en España

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Asamblea General de la ONU en 1966, la Constitución Española de 1978 y Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad –Principios Básicos de Actuación– de 1986, entre otras normas, establecen la obligación de los poderes públicos de respetar los derechos humanos, civiles, políticos y de otra índole de la ciudadanía. En España algunos de estos derechos no se respetan y son sistemáticamente violados por las Fuerzas de Seguridad, las del Estado, autonómicas y locales, cumpliendo órdenes de los responsables políticos de las instituciones y de los mandos policiales. Como prueba, un botón, por lo que expondré dos ejemplos de ello.

Uno. Entradas nocturnas en domicilios de personas acusadas de cualquier delito. Hay democracias donde señalan que la prueba de que lo son es que si a las seis de la mañana llama alguien a tu puerta solo puede ser el lechero y nunca la Policía. En España no se llama, se revienta la puerta para detener al presunto inductor de un crimen al que se tiene controlado desde semanas antes, pudiéndose detener en cualquier momento, a cualquier hora, en la vía pública o llamando al timbre a las cinco de la tarde. Hacerlo con violencia tiene más riesgo y afecta también a los derechos de otras personas: la pareja y los hijos, inocentes, del delincuente. Estos asaltos son habituales en España mientras son una práctica muy restringida en países democráticos, reservada a terroristas y narcotraficantes armados, y en otros está prohibido irrumpir de noche en ninguna vivienda. En España el asalto se hace con cámaras para su posterior difusión. Último ejemplo, presunto inductor del asesinato del concejal de IU en Llanes, Javier Ardines.

Dos. Identificaciones policiales en la vía pública, masivas, sin justificación, por exigencia del mando de presentar estadísticas al político. O entrando en un bar identificando a todos los presentes. Prácticas no existentes en democracias de nuestro entorno por ilegales. Tampoco en España son legales pero se hacen. El Tribunal Supremo exigió para poder identificar a alguien que sea sospechoso de haber cometido un delito o sea sospechoso de que puede cometerlo. Millones de identificaciones en la vía pública se practican en España desde 1992 con la llamada ‘Ley Corcuera’ del PSOE, y después por la ‘Ley Mordaza’ del PP. En el último atentado terrorista en Alemania la Policía hizo uso de una prerrogativa anunciando que, durante una semana y en un barrio concreto, se podría identificar a cualquier ciudadano. Después lo extendió una semana más. En España esa “bula” policial es indefinida. Y hay abusos.

Un coche policial parado pidiendo identificación, cacheando a personas y registrando coches produce estadísticas; incauta algunas dosis de droga, normalmente hachís, y sanciona con 600 euros a quien lo lleva, aunque sea vulnerando sus derechos civiles y la ley no importa. Mientras, miles de llamadas cada mes al 091 no se atienden, quedan desprotegidas miles de personas y crecen los robos en esas zonas por la falta de presencia policial, “anclada” en un punto fijo. Es admisible un control para comprobar que no has bebido alcohol, un minuto, por la seguridad de la sociedad, pero no cuando debes estar 30 minutos en un coche haciendo pruebas de todo tipo de drogas, o registrándote a ti, acompañantes y al coche. Menos admisible es estar en un parque y que te identifiquen y cacheen buscando droga, que si no consumes en la vía pública tienes derecho a llevar para consumir en casa. Son millones cada año las vulneraciones de estos derechos en España y ni PSOE ni PP han hecho nada por impedirlo. Lo han fomentado.