La culpa no es de los jueces sino de los políticos

«Son reos de REBELIÓN los que se alzaren públicamente para… declarar la independencia de una parte del territorio nacional», así de claro y sin exigir que hubiera ninguna violencia, era el artículo 214 de nuestro Código Penal hasta que en 1995 el socialista Felipe González decidió rectificarlo, requiriendo a partir de entonces que dicho alzamiento fuera violento. «La autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de… consultas populares por vía de REFERÉNDUM… será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta». Así rezaba el artículo 506 bis del Código Penal hasta que en 2005 el socialista José Luis Rodríguez Zapatero decidiera eliminarlo sin más. Recordemos que el Partido Popular dispuso de mayorías absolutas con Aznar desde el año 2000 hasta el 2004 y con Rajoy del 2011 al 2015 y así lo dejó.

El Consejo General del Poder Judicial –CGPJ- es el máximo órgano de gobierno de los jueces y debería garantizar su independencia. De él dependen los nombramientos de los magistrados de los Tribunales Superiores y del Supremo. Entre 1980 y 1985 la Ley Orgánica del CGPJ especificaba en su artículo 12 que sus miembros serían elegidos «por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo». Pero este método solo aguantó cinco años hasta que en 1985 el socialista Felipe González lo cambió para que sus 20 miembros fueran nombrados todos por las Cortes. Los partidos políticos se reparten los asientos del CGPJ en base a sus correspondientes cuotas de poder y el CGPJ nombra a los jueces del Tribunal Supremo y la Audiencia Judicial. Del mismo modo también los partidos políticos eligen a los 12 miembros del Tribunal Constitucional.

A su vez tanto la fiscalía como la abogacía del Estado dependen jerárquicamente del Ministerio de Justicia y si no obedecen sus instrucciones son sustituidos, como ocurrió cuando la instrucción del juicio contra los golpistas catalanes ya estaba terminada y la ministra Dolores Delgado echó a Edmundo Bal, que había llevado el caso hasta entonces y calificaba el delito de rebelión, sustituyéndolo por Rosa Seoane, quien rebajó su acusación a sedición. Como colofón debemos recordar que fue el socialista Felipe González el que, en diciembre de 1983, transfirió la competencia de prisiones a la Generalidad de Cataluña que será quien aplique a los condenados los beneficios penitenciarios que estime convenientes. Los mismos que decidieron aplicarle al hijo de Jordi Pujol el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario -redactado por los partidos políticos-, para que tan solo pasara dos semanas en prisión pese a haber sido condenado a dos años y medio por tráfico de influencias, cohecho y falsedad.

Ahora mismo estamos todos muy enfadados porque no compartimos que los jueces del Tribunal Supremo hayan rebajado la condena del delito de rebelión que veíamos todos tan claro, compartiendo el criterio del juez instructor, Pablo Llarena. Y que lo hayan hecho con unos argumentos tan discutibles como que en realidad nunca se pretendió declarar la independencia sino que sólo fue un engaño a los catalanes con el que pretendieron forzar al Gobierno a negociar. Pero el enfado de la mayoría de nosotros está mal enfocado. Los jueces son los que más reclaman una independencia judicial de la que ahora no disponen, los jueces son los primeros que saben que el poder judicial se encuentra sometido al de los partidos políticos que también controlan el legislativo y el ejecutivo. Y los jueces son los primeros en reclamar leyes justas y claras. Nuestro enfado debe dirigirse a los partidos políticos, el PSOE y el PP son los únicos responsables de este desastre, unos por acción y otros por omisión. Contra ellos debe dirigirse nuestro enfado cuando el próximo 10N volvamos a las urnas.