Cuando «hacer país» atenta contra las mujeres

Hoy el Gobierno celebra la culminación de uno de los mayores procesos de regularización extraordinaria de inmigrantes de la historia de España. Más de un millón de personas en situación administrativa irregular han solicitado acogerse al procedimiento abierto por la banda criminal que nos gobierna. El acto, presidido por Pedro Sánchez bajo el lema «¿De dónde vienen? Vienen de hacer país»; pretende presentar esta decisión como un éxito político y social. El cinismo del gobierno «más feminista» es abrumador, dado que parece decidido a no responder qué impacto tendrá esta política sobre la seguridad de los españoles y, especialmente, sobre la seguridad de las mujeres.

Precisamente cuando presidente & Cía reivindica la integración de más de un millón de inmigrantes irregulares, la Fundación Disenso publica un informe elaborado con datos oficiales del INE, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial y las administraciones penitenciarias que obliga, al menos, a abrir un debate que hasta ahora se ha querido cerrar antes incluso de comenzar.

Las cifras son difíciles de ignorar. En una España que se aproxima a los diez millones de residentes de origen extranjero, con los marroquís a la cabeza, las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 67% en apenas seis años y los delitos contra la libertad sexual superan ya los 20.000 casos anuales.

Los datos oficiales analizados por el informe muestran además una sobrerrepresentación de extranjeros entre los detenidos e investigados. Aunque representan el 13,4% de la población, suponen cerca del 40% de las detenciones e investigaciones y alcanzan el 41,7% de las detenciones por agresión sexual con penetración. En comunidades como Cataluña, Navarra o el País Vasco, los porcentajes son todavía más elevados.

Entérense, señores, que regularizar administrativamente a una persona no modifica automáticamente su proceso de integración social, ni sus valores, ni garantiza el respeto a las normas de convivencia. La integración exige tiempo, recursos, control institucional y capacidad de exigir el cumplimiento de la ley.

Sin embargo, el mensaje político de los pandilleros más corruptos de la democracia parece ignorar cualquier riesgo. Mientras presenta la inmigración exclusivamente como un factor positivo, evita abordar los problemas que reflejan las propias estadísticas oficiales.

Una política pública responsable debería ser capaz de sostener que existen riesgos que deben prevenirse cuando los datos muestran determinadas tendencias, pues la primera obligación de cualquier gobierno no es construir un relato, es garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Y cuando las mujeres observan cómo aumentan las agresiones sexuales mientras Sánchez abre la puerta de par en par impulsando la mayor entrada de quienes atentan contra las mujeres sin ofrecer respuestas claras sobre sus consecuencias en materia de seguridad, resulta inevitable preguntarse si la prioridad del Gobierno sigue siendo proteger a las personas o proteger su propio discurso, comprar su propio censo y asegurarse la permanencia en el sillón, para colmo de males.

Me pregunto dónde están las féminas del ejecutivo y el porqué de su atronador silencio como única respuesta a las preocupaciones sobre la seguridad de las mujeres, esas mismas a las que han tenido a bien devolverles sus violadores con la brillantísima ley del sí es sí o amparar con pulseras low cost. Las de alto valor sólo están reservadas, al parecer, para los presidentes…

Señoras, el calificativo de «más feminista» se les queda muy lejos y ha dejado de ser una credencial para convertirse en un cínico eslogan con más valor que el derecho de las mujeres a vivir libres y seguras. Que la conciencia les acompañe.