Cárcel en Reino Unido por opinar en las redes sociales

¡Qué mal hemos sido educados! Por un lado, por nuestras madres y nuestras abuelas, que nos decían que estudiáramos y trabajáramos, sin meternos nunca en política, para hacernos unos hombres (o mujeres) de provecho y nunca depender de nadie. Y, por otro lado, por esas películas y series británicas y norteamericanas que nos mostraban las maravillas de la democracia, donde los ciudadanos podían despotricar de sus gobiernos, sus sacerdotes y hasta de la reina de Inglaterra en los pubs y parques. Todo era mentira.

Lo inteligente es depender de las pagas y subsidios abonados por el Estado para vivir sin trabajar. Igualmente lo es incrustarse en la izquierda y de ahí a todólogo en las tertulias retribuidas. Y sobre el retrato de esas democracias donde se habla inglés y se come fatal, ya vemos en qué se han convertido. La Policía británica detiene a personas que están paradas dentro del área de seguridad de un abortorio y mandan a agentes a las casas de los ciudadanos que en Instagram, X o Tik-Tok expresan opiniones contrarias a las buenas costumbres impuestas por la clase dominante y pensante a amedrentarles.

Un reportaje de The Times asegura que los diversos cuerpos de Policía de Inglaterra y Gales detienen a más de 30 personas al día por sus opiniones en las redes sociales. Y éstas no consisten en invocaciones a asesinar al primer ministro, matar a los judíos, volar una iglesia cristiana, apalear a las mujeres que no llevan velo o a los hombres que comen en la calle durante el ramadán, sino por quejarse de la inmigración, de la delincuencia, de la omnipresencia de banderas palestinas o de las manifestaciones contra Israel.

Los datos obtenidos por The Times muestran que en el año 2023 los policías, pertenecientes a 37 cuerpos policiales, realizaron 12.183 arrestos (o sea, 33 diarios de media), cuando en 2019 fueron 7.734. Y sin duda hubo más, porque ocho cuerpos policiales, entre ellos la Policía de Escocia, el segundo cuerpo policial más grande del Reino Unido, no les dio la gana de responder a las solicitudes de libertad de información o proporcionaron datos insuficientes al periódico. Las detenciones se cometieron bajo el amparo de la sección 127 de la Ley de Comunicaciones de 2003 y la sección 1 de la Ley de Comunicaciones Maliciosas de 1988.

Cuando el primer ministro socialista Keir Starmer era director general de la fiscalía (2008-2013), redactó una instrucción a sus subordinados en la que establecía que los mensajes considerados ofensivos en las redes sociales solo deberían dar lugar a un procesamiento en “circunstancias extremas”. Sin embargo, desde su nombramiento como primer ministro, en julio de 2024, se ha convertido en un azote del pensamiento libre, quizás porque ve en peligro su mandato.

Starmer no sólo considera que uno de los mayores problemas del país es la “islamofobia”, cuyo partido socialista pretenden convertir en delito, sino que además su Gobierno está sacando a delincuentes no violentos (aunque fueran encerrados por delitos sexuales) de las cárceles para meter en sus celdas a condenados por cometer los nuevos delitos establecidos por el progresismo, como las conductas “de odio”.

Adam Smith-Connor, un veterano de las Fuerzas Armadas, fue uno de los primeros condenados por rezar en silencio cerca de un abortorio. Un tribunal le castigó en 2024 con dos años de libertad condicional y una multa de 9.000 libras.

Entre las docenas de encarcelados debido a la ola de indignación que en verano recorrió el país por el asesinato de tres niñas cometido en la ciudad de Southport por un muchacho de 17 años, hijo de refugiados ruandeses, muchos se limitaron únicamente a expresar su ira en redes sociales, como hacen los asistentes a las manifestaciones convocadas por la izquierda contra Israel o por el feminismo, aunque sin destrozar las calles.

Las ganas de los tribunales, azuzados por el Gobierno y la fiscalía, de practicar castigos ejemplarizantes, a pesar de que contradigan el mantra izquierdista de la rehabilitación de los delincuentes, está terminando en ensañamientos. Así, a Lucy Connolly, condenada a 31 meses por “incitar al odio racial” en Internet, se le ha negado la libertad condicional para realizar visitas domiciliarias a su marido enfermo y a su hija menor de edad, aunque cumple los requisitos.

En cambio, los terroristas islámicos encarcelados en la prisión de máxima seguridad de Frankland han logrado que se les prohíba a los guardias el uso de perros para registrarlos, porque los animales ofenden sus creencias religiosas. Son casos como éstos los que inducen a muchos súbditos de Carlos III a quejarse de que viven bajo lo que en España llamamos “dos varas de medir” (“two-tier justice”), con unas normas severas para los británicos honrados y otras, más suaves, para los delincuentes. ¡La progresista “ley del embudo”!

Aunque el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, su régimen, dirigido tanto por el partido conservador como por el laborista, comparte la estrategia de la UE de censurar y perseguir las opiniones en redes sociales bajo la acusación de “delitos de odio”.

La prensa de papel, las radios y las televisiones ya están suficientemente controladas mediante enormes subvenciones. Y cuando algún medio se desmanda y difunde mensajes de “ultraderecha” según los consejos de vigilancia, la Administración le multa o le abre expediente administrativo para retirarle la frecuencia. A la cadena de televisión C8, con una gran audiencia y una presencia durante 20 años, el consejo audiovisual francés, a cuyo presidente nombra Macron, le ha retirado la licencia de TDT.

En España, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez está elaborando un anteproyecto de la ley de servicios digitales y medios de comunicación, que justifica como la adaptación del Reglamento Europeo de Servicios Digitales (2022) y el Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación (2024), con la finalidad de censurar las redes sociales y los periódicos digitales.

Las naciones anglosajonas son adelantadas en esta persecución de la libertad de expresión y de creencia, con la salvedad de Estados Unidos gracias a la victoria de Trump y a la plataforma que le ha apoyado. En Nueva Gales del Sur, el estado más poblado de Australia, que incluye la ciudad de Sidney, ha entrado en vigor a principios de abril la llamada Ley de Prohibición de Prácticas de Conversión (Conversion Practices Ban Act) que castiga con hasta cinco años de cárcel la oración que esté dirigida a cambiar la orientación sexual o la identidad de género de un individuo, aunque éste la haya solicitado. En Australia, por cierto, las siglas que representan a la comunidad gay se han ampliado por ley hasta formar la constelación LGBTQIA2S+.

La legitimidad de las democracias occidentales cada vez está más deteriorada, pero no por conspiraciones movidas por Trump o Putin, sino por el empeño de quienes las dirigen de comportarse como déspotas.