El buenismo sólo favorece a los terroristas

Los islamistas radicales tienen España entre ceja y ceja. Si alguien piensa que estamos a salvo de la ola de terror y muerte que ha recorrido Francia, Bélgica, Alemania o Inglaterra en las últimas semanas y meses, o bien es un ingenuo o bien un irresponsable supino. Nuestro país se encuentra bajo el nivel 4 de alerta antiterrorista —el segundo más alto— lo que implica un riesgo muy elevado de atentado. La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende el PSOE —con el apoyo o la abstención del resto de formaciones a excepción del PP— sería una temeridad, ya que dificultaría hasta el extremo la labor de prevención y seguimiento que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El trabajo de esos agentes, que nadie lo olvide, es la causa principal de que la sinrazón yihadista no haya golpeado contra nuestra nación desde el infausto 11 de marzo de 2004. En agradecimiento a esa imponderable labor, y en honor a aquellas 192 víctimas, nuestros representantes políticos deben respaldar el trabajo de Policía y Guardia Civil y dejar de crearles dificultades innecesarias. Derogar la Ley de Seguridad Ciudadana supondría impedir, como especifica el artículo 18 de la propia norma, que dichos efectivos puedan «practicar comprobaciones para evitar que en sitios públicos se utilicen armas, explosivos o sustancias peligrosas». Medidas que resultan fundamentales para desarrollar con eficacia el nivel 4 antiterrorista. Un contexto donde extremar la vigilancia callejera e intensificar la información interna se hacen indispensables.

De ahí que utilizar la mal llamada «ley mordaza» como elemento de desgaste al Gobierno —lenguaje propio de esos podemitas que quieren eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo— se pueda volver contra aquéllos que piensan más en los fines electorales que en la seguridad ciudadana. Los terroristas se hacen fuertes en el buenismo que se ha instalado en Europa y en el exceso garantista, a veces acomplejado, de sus políticos. España es modelo en todo el mundo de cómo prevenir y gestionar las acciones de estos asesinos. No obstante, si bajamos la guardia lo lamentaremos sumamente. Siempre que se respeten las libertades fundamentales de cada individuo, es mejor tener un país seguro y un Código Penal severo —la prisión permanente ha de ser innegociable para estos casos—  que estar a cada poco llorando por nuevos muertos.