La Administración como máquina de impedir

El concejal de Urbanismo y Vivienda de Palma, Óscar Fidalgo, admitía hace unos meses que en su departamento había «un atasco de más de 3.000 licencias urbanísticas pendientes de gestionar», algunas de ellas con «más de dos años» durmiendo el sueño de los justos. Dos añitos cuando por ley el plazo máximo es de tres meses. Lo mismo podría decirse de muchos consistorios de Mallorca. El motivo del atasco es que estas licencias «están paralizadas por trámites pendientes de otras administraciones».

Tampoco Cort está para dar lecciones a nadie: hasta el pasado 15 de enero todavía había que pedir cita previa para que nos atendieran en Urbanismo. La nueva promesa de año nuevo es un «plan de choque que simplificará la concesión de licencias urbanísticas acortando los tiempos en la entrega de los informes externos. Llueve sobre mojado.

Por su parte, la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales anticipa que en 2024 seguirán disminuyendo el número de compraventas de viviendas con lo que los precios seguirán aumentando. Según informa OKDIARIO, los constructores afirman que en el tercer trimestre de 2023 sólo se aprobaron 379 expedientes de obra nueva cuando para cubrir la demanda actual de vivienda tendrían que aprobarse 1.750 por trimestre o 7.000 viviendas por año.

Si tenemos en cuenta que Palma representa algo menos de la mitad de la población balear, los números más o menos salen. Las licencias que faltan por aprobarse en Palma vienen a ser grosso modo estos 3.000 expedientes urbanísticos que están paralizados en Cort. Por lo tanto, la conclusión es que mientras la iniciativa privada cumple con su papel en lanzar promociones inmobiliarias que sólo en papeleo y antes de poner una palada de cimiento pueden alargarse un par de años, las administraciones públicas (consells y ayuntamientos) no cumplen con el papel que ellas mismas se han encomendado.

Por si fuera poco, la pasividad o el rechazo de la mayoría de ayuntamientos a las medidas adoptadas por el decreto-ley del Govern aprobado el pasado mes de octubre que pretendía facilitar la construcción de vivienda asequible y sacar vivienda al mercado (transformando locales comerciales y oficinas en residencias, elevando alturas o segregando viviendas) ha dado al traste con las expectativas de los promotores que han visto nuevamente cómo las administraciones, sea por un motivo u otro, son el principal embudo para sacar viviendas a un mercado sediento de ellas.

La inseguridad jurídica ampliada más si cabe por las dudas de los consistorios ha echado para atrás a los bancos a la hora de financiar las promociones inmobiliarias a la espera de una mayor seguridad jurídica que dimane, no de un decreto-ley, sino de una ley como Dios manda y así conjurar los miedos de arquitectos y técnicos municipales, ya de por sí quisquillosos y adoradores de la letra escrita de la legislación en vigor, poco dados a los cambios legislativos por el trabajo que supone ponerse nuevamente al día.

La experiencia nos dice, por otra parte, que la cámara balear, máxime con un Govern en minoría absoluta, más que introducir mejoras al anteproyecto entrante lo que hace es introducir peoras que no hacen sino aumentar la ambigüedad, el solapamiento y la interdependencia de administraciones y la dispersión de esta selva jurídica en la que se ha convertido el Derecho urbanístico de estas islas. Al menos sí nos podrían ahorrar nuestras señorías parlamentarias una exposición de motivos moralizadora sobre el «papel fundamental» de la Administración en su faceta facilitadora del presunto «derecho a la vivienda» (en realidad, un principio rector de los poderes públicos a tener en cuenta en sus políticas económicas según la CE) a «un precio asequible» que con su telaraña de regulaciones ella misma está negando a los isleños.

Un Derecho urbanístico que se ha puesto a sí mismo la soga al cuello, incumpliendo los plazos que él mismo se ha dado, con una hiperinflación de informes y trámites donde todos los interesados están sumamente vigilantes a que no falte ni un papel antes de evacuar, ¡albricias!, una dichosa licencia. Sin ir más lejos, un investigador de la universidad balear, experto en recursos hídricos, ha tachado de ilegal la decisión del Ayuntamiento de Palma de haber eliminado la exigencia de un informe de Recursos Hídricos para construir en zonas potencialmente inundables, lo que aceleraría la tramitación a expensas de un garantismo tal vez exagerado. Como vemos, resulta muy complicado (y carne segura de pleito administrativo) desbrozar el bosque normativo y eliminar un trámite administrativo una vez ha sido estampado en el BOE al contar con la resistencia de quienes han pasado a vivir de este trámite.

En conclusión, los empresarios cumplen y tratan de dar respuesta a la demanda de los ciudadanos en su deseo de adquirir una vivienda. La Administración, no. Es la gran culpable de todo este desaguisado que, naturalmente, a quien más perjudica es a los sectores «más vulnerables» en nombre de los cuales presuntamente legisla, decide, delinea, revisa informes, cobra impuestos y concede su visto bueno. La intervención no ya de dos (consistorios y consejos insulares) sino de nuestras cuatro administraciones en tropel (el Govern y el Parlament, incluidos) no hace sino convertir la Administración balear en una auténtica máquina de impedir. Nadie niega las buenas intenciones de cada uno de los actores. Otra cosa son los resultados.