Mafia pura y dura

Mafia pura y dura
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Los Mossos dirigidos por el mayor Josep Lluís Trapero actuaban como la mafia. De otra manera no se pueden calificar las escuchas a los altos cargos de Ciudadanos. Curiosamente, la principal esperanza del constitucionalismo en Cataluña ante el golpe de Estado y cuya líder, Inés Arrimadas, ha sido la ganadora en las últimas elecciones autonómicas. Como ya hemos pedido en más de una ocasión en OKDIARIO, este cuerpo policial no puede permanecer activo si no se dan las garantías de que la totalidad de sus integrantes respetan la legalidad vigente. No tiene sentido, ni teórico, ni económico, ni práctico, mantener una estructura pública pagada con el dinero de todos los españoles para que, como han podido comprobar en las numerosas exclusivas que ha publicado este periódico, trabajen en favor de los intereses espurios de los independentistas. Totalmente en contra del Estado de Derecho.

¿En qué tipo de país democrático los agentes se dedican a espiar a sus políticos? ¿En qué clase de comunidad pseudototalitaria se ha convertido Cataluña? Recordemos que, por desgracia, el caso de los responsables de Ciudadanos se ha repetido hasta la vergüenza con otros cargos del Partido Popular como Alicia Sánchez Camacho, el magistrado Ramírez Sunyer —instructor clave de las investigaciones del 1 de octubre y de sus respectivas fases preparatorias—, el ex presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, o con Victoria Álvarez, la garganta profunda del caso Pujol, espiada y presionada por denunciar las infinitas corruptelas del mayor clan delictivo de Europa. Un comportamiento más propio de la Stasi de la Alemania de Honecker que de un país como España, donde, en teoría, se deberían garantizar los derechos de todos sus ciudadanos y en todas las regiones, fuera cual fuera el gobierno autonómico que las rigiera.

La reformulación de los Mossos, por lo tanto, se hace imprescindible. Nuestros representantes públicos, nuestra sociedad, nuestro propio Estado de Derecho, no pueden estar al albur de un cuerpo autonómico convertido en la policía privada de los que quieren acabar con la legalidad vigente. Este espionaje político es intolerable y tanto el Gobierno —el Ministerio del Interior es el ahora máximo responsable de los Mossos— como la Justicia deben tomar cartas en el asunto hasta depurar todas las responsabilidades. Estas grabaciones, además de su inherente ruindad, podrían suponer graves delitos. Incluida una posible intromisión electoral.

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