La pareja del ex alcalde podemita de Pinto intenta ‘desahuciar’ a sus inquilinos: una mujer con dos niñas

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 07/02/2026 05:52
  • Actualizado: 07/02/2026 05:52

Una pareja con dos niñas menores de 9 y 10 años, una de ellas con discapacidad y en silla de ruedas, podría verse en la calle en muy pocos días. Viven en una casa en Pinto y sus propietarios quieren vender el piso. La dueña de la vivienda es la mujer del que fuera alcalde de Podemos de Pinto, Rafael Sánchez Romero, imputado por una trama de espionaje contra la empresa de limpieza de la localidad.

Jacinta, como se llama la propietaria de la vivienda, junto con sus dos hermanas, ha dado de plazo máximo hasta finales de febrero para que Umaima y su pareja, José, abandonen la casa, por la que pagan 825 euros al mes, para poder venderla.

Umaima, con 22 años, sacó a sus sobrinas de un centro de acogida de Ceuta y se las trajo a Madrid para hacerse cargo de ellas. Ahora, con 26 años, corre el riesgo de perderlas. Una de las niñas, de 9 años, tiene hiperactividad, y la otra, de 10, tiene un 87% de discapacidad.

La joven ha relatado a OKDIARIO que le está costando mucho encontrar una casa adaptada. «Que tenga rampas, ascensor, plato de ducha adaptado, y que pueda pagarla». «Lo que encontramos en su día no cumplía los requisitos, pero es que ahora ya no encontramos nada».

La pareja trabaja, por lo cual, la parte económica no es el problema. Parte de sus ingresos son las ayudas que cobra por acoger a sus sobrinas, pero las inmobiliarias y los seguros de impago no las contabilizan porque no son embargables. «No cumplimos los requisitos de las inmobiliarias», dice Umaima al tiempo que explica que la prestación por acogimiento que recibe de la Comunidad de Madrid es de 1.500 euros por las niñas.

Por otro lado, ella gana 1.100 euros y su pareja 1.000. «Tenemos unos ingresos entre los dos que superan los 3.000 euros y somos indefinidos, y aun así no se fían las inmobiliarias», lamenta.

Eso sí, dice que antes de quedarse como okupa, ella cogerá sus cosas y se irá a la calle.  La familia ha solicitado vivienda social y cuenta con el apoyo del ayuntamiento gobernado por el PP.

Hasta el momento, la concejal de servicios sociales del Consistorio de Pinto ha hablado con la agencia de Vivienda para conseguir un hogar para Umaima y se encuentra en el puesto número 11.

La Fundación Inclusive también se ha ofrecido a avalar a la pareja, al igual que lo ha hecho la Comunidad de Madrid a través de su programa Provivienda. Avales que servirían por un año.