La nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar de Ayuso bonifica el impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99%
El objetivo de la Ley es facilitar el relevo generacional y garantizar la continuidad de estos negocios
Se extiende a trabajadores que tengan una especial relación con la empresa, con 10 años de antigüedad
También se ha dado luz verde al proyecto de Ley de Caza y Pesca con cotos mínimos y planes de control poblacional

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde este miércoles al proyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar que establece nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con el objetivo de facilitar el relevo generacional y garantizar la continuidad de estos negocios.
La principal novedad, según ha explicado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, es que, en los supuestos de adquisición por herencia o donación de una empresa individual, un negocio profesional o participaciones sociales, la reducción de la base imponible se eleva del 95% al 99%, siempre que el nuevo titular mantenga los bienes en su patrimonio y continúe con la actividad económica durante los cinco años siguientes.
La nueva normativa amplía significativamente el alcance de los parientes a los que pueden aplicarse estas mejoras respecto a la legislación estatal. Así, además de los descendientes y cónyuges, se incorporan como beneficiarios a ascendientes y colaterales de segundo y tercer grado (hermanos, tíos y sobrinos), así como a los primos (colaterales de cuarto grado). Además, se extiende a trabajadores que tengan una especial relación con la empresa, con diez años de antigüedad y que hayan ejercido funciones de dirección durante los últimos cuatro.
Asimismo, se simplifican los requisitos de acceso, eliminando exigencias como la edad mínima de 65 años del donante o la consideración de la actividad como principal fuente de renta. Se estima que estas medidas beneficiarán anualmente a unos 1.500 contribuyentes madrileños, generando un ahorro fiscal aproximado de dos millones de euros al año.
Está previsto que la Ley reciba su aprobación final en el Parlamento regional a mediados de año, y que entre en vigor el primer día del mes siguiente de su publicación el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
Pesca y caza
Ayuso también ha anunciado que ya se ha aprobado el proyecto de Ley de Caza y Pesca, que busca reforzar la seguridad jurídica del sector y la protección del medio ambiente, con cotos mínimos y planes de control poblacional.
El texto será remitido ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria, con la previsión de que entre en vigor a lo largo de este mismo año.
Esta es la primera ley para el sector en la historia de la Comunidad de Madrid. Va a impulsar al sector, va a servir de apoyo y control de la buena salud de los ecosistemas, del control poblacional, sus daños a la agricultura que, además, provocaba accidentes de tráfico o, por ejemplo, transmitía enfermedades a las ganaderías», ha explicado la dirigente regional.
Esta iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior introduce medidas concretas para modernizar el sector, mejorar la gestión de la fauna y reforzar la seguridad.
Entre ellas, la norma establece por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, independientemente de la modalidad, con la excepción de la caza menor, que podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica.
En materia de pesca, simplifica la regulación de las aguas, que quedarán reducidas a tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Además, pone especial atención en especies emblemáticas como la trucha en los ecosistemas fluviales, así como en otras de interés para los pescadores en embalses y tramos bajos de los ríos, como la carpa o el lucio.
Entre las principales novedades, crea los Planes de Control Poblacional, una herramienta dirigida especialmente a los ayuntamientos para gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo fuera de los periodos ordinarios de caza y prevenir daños en la agricultura.
Y, en materia de seguridad, amplía la distancia mínima respecto a núcleos de población de 100 a 150 metros, manteniendo el resto de las limitaciones vigentes.
Los ecologistas no han tardado en mostrar su rechazo a esta nueva Ley de Caza por estar basada, dicen, en «falsas premisas» y «al dictado» del sector cinegético.