El Gobierno se inventa que una ley de Ayuso choca con la eutanasia para llevarla al Constitucional

• Paula Baena @paulabaena26
• Periodismo y Derecho. Redactora de Nacional en OKDIARIO. Política de Madrid. Email: paula.baena@okdiario.com
• • 09/05/2023 17:20
  • Actualizado: 09/05/2023 17:20

El Gobierno de Pedro Sánchez va a llevar al Tribunal Constitucional una ley aprobada recientemente por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por, a su juicio, ir en contra del «derecho a la eutanasia» de las personas con discapacidad.

Se trata de la Ley 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, que en su disposición adicional segunda fija la necesidad de autorización judicial para llevar a cabo actuaciones que afecten al derecho a la vida de estas personas.

«En todo caso, cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad a la que se haya provisto de un apoyo de carácter representativo para el ejercicio de la capacidad jurídica o se determine de manera expresa en la resolución que estableció el apoyo, se tramitará un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial», dice, concretamente, el precepto.

Para el Ejecutivo central, ese artículo, afecta a la Ley de Eutanasia porque «limita los requisitos» para acceder a ella y, además, «puede incidir en otros derechos como intervenciones quirúrgicas o transfusión de sangre» porque habla de «un concepto amplio de cualquier actuación que afecte a los derechos de la vida» lo que da pie a una «interpretación extensiva». Así lo ha manifestado este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para el Gobierno de PSOE y Podemos, imponer el aval de un juez es añadir un requisito adicional que vulnera la ley de eutanasia, avalada por el Tribunal Constitucional, e invade competencias exclusivas y de coordinación que corresponden al Estado.

Por su parte, fuentes de la Puerta del Sol señalan que la autorización judicial se requerirá para «cualquier intervención médica que ponga en riesgo la vida de una persona adulta con discapacidad» como puede ser, especifican, una amputación. En este sentido, matizan que no es algo genuino de esa ley en cuestión, sino que «así lo dictamina el Código Civil», al tiempo que recuerdan que en «ningún caso» hacen referencia a «autorizar la eutanasia».

«No nos metemos en la ley estatal», apostillan. Estas mismas fuentes opinan que haber llevado, precisamente esta semana, esta ley al Constitucional es una manera de «meter el debate de la eutanasia en campaña electoral».

Interrogada por este aspecto este martes, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto el énfasis en «reforzar» los cuidados paliativos. «Eso es lo que hemos defendido siempre desde la Comunidad de Madrid, con nuestras competencias, y teniendo en cuenta a los médicos», ha agregado.