El Gobierno comunista de Rivas recauda 2 millones sólo en 2025 gracias a una Zona de Bajas Emisiones fraudulenta

El Ayuntamiento de Rivas recaudó 2,3 millones de euros en 2025 con un sistema de Zonas de Bajas Emisiones que, jurídicamente, no existe. El gobierno de Izquierda Unida del municipio lleva desde 2021 sancionando a conductores sin haber aprobado nunca la ordenanza municipal que la Ley 7/2021 de Cambio Climático exige para que estas zonas tengan validez legal. Cuatro años de multas. Cero cobertura jurídica.

Esta ley define una Zona de Bajas Emisiones como un área donde el acceso se restringe en función de la etiqueta medioambiental del vehículo. Lo que funciona en Rivas no hace eso. Las zonas restringidas rodean exclusivamente los entornos de los colegios del municipio y cortan el tráfico en horario de entrada y salida escolar a cualquier vehículo, con independencia de si es eléctrico, híbrido o diésel sin etiqueta.

No hay filtro ambiental. No hay clasificación por emisiones. Lo que hay son restricciones de tráfico en la puerta de los colegios, rebautizadas como ZBE para justificar las multas y acceder a la financiación europea.

Un análisis técnico independiente ya lo señaló en 2023: lo que existe en Rivas son zonas de especial sensibilidad, no zonas de bajas emisiones en el sentido que recoge la ley. La diferencia no es terminológica, sino que es la diferencia entre una medida legal y una que no lo es.

Cuatro millones en fondos europeos

Las consecuencias son dos y ambas son graves. La primera afecta a los vecinos: si no existe ordenanza que respalde el sistema como ZBE, cada multa de 200 euros cobrada desde abril de 2024, cuando comenzaron las sanciones, es jurídicamente recurrible.

La segunda afecta al dinero público: el Ayuntamiento de Rivas recibió casi cuatro millones de euros de fondos europeos Next Generation para financiar este sistema. Si las ZBE no existen legalmente, la justificación de ese gasto ante la Comisión Europea es, cuando menos, muy cuestionable, y podría derivar en responsabilidades ante la Cámara de Cuentas de Madrid.

El equipo de gobierno defiende la legalidad de la medida amparándose en la obligación que la normativa estatal impone a los municipios de más de 50.000 habitantes de establecer ZBE, y asegura que lo recaudado se destina íntegramente a movilidad sostenible.

Sin embargo, esa reinversión no es una obligación legal, sino una promesa política: no existe ningún mecanismo que garantice que los 2 millones recaudados en 2025 vayan a donde el consistorio dice. Lo que tampoco explica el gobierno local es por qué, cuatro años después de arrancar el sistema, sigue sin aprobar la ordenanza que la propia ley exige.