Cercedilla aprueba contratar a los abogados que desahuciarán a Mónica García de su chalet irregular

El Ayuntamiento de Cercedilla, gobernado por una coalición de izquierdas entre PSOE, Más Madrid y CIG, ha aprobado la contratación del bufete que llevará el desahucio de Mónica García de su chalet en situación irregular en Camorritos. La contratación se ha aprobado en un pleno extraordinario celebrado este miércoles 29 de abril gracias al voto de calidad del alcalde tras un empate a 6 entre gobierno y oposición.

El bufete elegido ha sido Cases Lacambra, que tendrá que defender al consistorio de las múltiples demandas de los vecinos de la elitista colonia de Camorritos y del Puerto de Navacerrada tras el expediente de caducidad que les obliga a entregar sus casas tras haber finalizado el plazo de concesión que tenían esas viviendas por 100 años y que acabó el pasado 2019.

El pleno no ha estado exento de polémica: la votación se ha decantado a favor de la contratación por el voto de calidad del alcalde tras un empate a 6 entre gobierno y oposición y una abstención de Vecinos por Cercedilla, partido que había votado en contra en la propuesta de adjudicación anteriormente.

Según fuentes del consistorio las primeras estimaciones para la contratación de este bufete eran de 750.000 euros, cantidad lejana a los tres millones de euros que han costado finalmente los servicios de Cases Lacambra en este proceso. Servicios que no son contratados por primera vez por el Ayuntamiento de Cercedilla; el año pasado se adjudicó a dedo al mismo bufete un contrato menor para un asesoramiento sobre el mismo tema.

Es la segunda vez que se contrata un bufete de letrados para este proceso en el Ayuntamiento de Cercedilla. El año pasado el abogado encargado del proceso se acogió a una baja médica por lo que el procedimiento quedó paralizado justo cuando Más Madrid entró al gobierno del municipio en marzo del año pasado.

La situación irregular de Mónica García y los vecinos de Camorritos se ha estancado desde hace 7 años y ha provocado que aumente la tensión política en el Ayuntamiento del municipio. Desde los partidos de la oposición se quejan de que la contratación no ha sido un proceso «ni limpio, ni transparente y que deja muchas dudas legales».