Madrid
Comunidad del terrorismo

Ayuso triplica el presupuesto para indemnizar a las víctimas del terrorismo

El Gobierno de Ayuso destina 15 millones de euros a indemnizar a las víctimas del terrorismo tras triplicar el presupuesto

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso «no pacta con herederos de ETA», la banda terrorista que más huella ha dejado en España, con 853 asesinatos, 3.500 atentados y más de 7.000 víctimas, razón por la que ha decidido triplicar la partida de los presupuestos autonómicos destinada a pagar las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. La dotación es de 15 millones de euros, como ha explicado este viernes Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local. El portavoz ha firmado una prórroga de dos años del convenio de colaboración con la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

En nombre de todo el Ejecutivo, García ha subrayado que la AVT siempre encontrará en la Comunidad de Madrid una administración aliada, que no es «equidistante» con el terrorismo ni participa «en homenajes de quienes atentaron».

El Gobierno madrileño ya ha abonado 65 millones de euros en indemnizaciones por fallecimiento, lesiones físicas y psíquicas, la cantidad más alta que ha destinado una Comunidad Autónoma en España al apoyo de las víctimas del terrorismo, personas que «defendieron los derechos y libertades de los que hoy disfrutamos», ha declarado el consejero.

Estas ayudas sirven también para «recordar y homenajear» a las víctimas, para que «no se olvide para luego repetir» y para que «su recuerdo se mantenga vivo también entre los más jóvenes» sin que nadie pervierta el relato que les llega sobre la historia de España.

«No prescribe»

Además de todo esto, los subsidios se emplean en formación y, principalmente, en asistencia psicológica, económica o laboral, porque «la condición de víctima no prescribe», como ha señalado Maite Araluce, presidenta de la AVT.

Araluce ha recordado que la AVT es la asociación de víctimas más antigua del mundo y que han sido 20 los grupos terroristas que han marcado a sus integrantes.

En 2018, la asociación presentó alegaciones para la reforma de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que «deben estar guardadas en un cajón», ha lamentado la presidenta. Una de ellas era incluir un régimen de sanciones económicas contra actos proetarras. Pese al compromiso del Ministerio del Interior de respaldarlo, Marlaska enterró su promesa.

Por precedentes como este, Araluce ha pedido a la Comunidad que no mire para otro lado, como hacen otros, y que tampoco los jalee». El trabajo de la AVT también incluye proteger la dignidad de las víctimas -para lo que han creado un decálogo con el que persiguen, entre otras cosas, que se eliminen las imágenes explícitas de los atentados en los medios-, honrar a las víctimas en los lugares en los que produjeron los atentados e introducir esta parte de la historia en los libros. En cuanto a este último cometido, es esencial «que no llegue a los jóvenes por parte de los terroristas», ha destacado. Finalmente, la presidenta de la AVT ha denunciado que «mientras el brazo político de ETA gobierna este país, las víctimas están estigmatizadas».

Para concluir, Miguel Ángel García ha valorado un hecho: el creciente número de etarras que han conseguido el tercer grado, con la aprobación del Gobierno vasco liderado por Iñigo Urkullu (PNV), desde que Pedro Sánchez cedió las competencias en política penitenciaria.

«Es lo mismo que con la ley de amnistía, que trataban de vender como una reconciliación y estaban mintiendo. Es el pago de peajes de Sánchez para mantenerse en el Gobierno. Los herederos de ETA saben que les irá peor con el PP», ha sentenciado.