Uno de los funcionarios acabó detenido porque el director de Valdemoro se equivocó al dar su nombre

El director de la prisión de Valdemoro (Madrid III), José Antonio Luis de la Iglesia, tuvo que rectificar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Valdemoro tras equivocarse al señalar el nombre de un funcionario arrestado en el marco de la Operación Orión Madrid contra el narcotráfico dentro de esta cárcel madrileña. En concreto, el director compareció el 17 de julio de 2021, dos semanas después de las detenciones de cuatro funcionarios de su cárcel, para desdecirse de su declaración ante la Guardia Civil efectuada el 1 de junio. En concreto, el director explicó que había dado «el nombre de Miguel Ángel tanto en las declaraciones que hizo en Pinto como el otro día sin especificar que fuera Miguel Ángel (…), que pensaba que ese Miguel era otro». Su error llevó a este funcionario al calabozo de la Guardia Civil durante 72 horas.

El caso es que el primer Miguel Ángel, un funcionario que todavía se encuentra de baja psicológica por estos hechos, fue detenido por la Guardia Civil y encerrado durante 72 horas en los calabozos del cuartel de la Benemérita en Tres Cantos (Madrid).  El problema es que el funcionario detenido prestaba servicio desde 2018 y durante gran parte de la pandemia en la sección abierta de la prisión, es decir, no tenía entonces contactos con los presos y por tanto difícilmente podía dedicarse al «trapicheo» de drogas y otros objetos con ellos, algo de lo que le acusaron en esas fechas.

Cuando la abogada de este funcionario preguntó al director de Valdemoro, éste tuvo que rectificar y matizar que «ha dado un nombre de Miguel tanto en las declaraciones que hizo en Pinto como el otro día sin especificar que fuera Miguel Ángel (…), que pensaba que ese Miguel era otro. Miguel Ángel (…), que en la información tanto de Pinto como del «uno» no tenía información de que Miguel Ángel (…), que de (…) y de (…) tampoco. Miguel Ángel (…) ha trabajado y trabaja en el módulo 8″ y para exculparse añadió que «tiene una plantilla de casi 500 personas, que tiene varios Miguel Ángel trabajando (…)», aunque solo nombró a dos por sus apellidos.

También el director durante su declaración judicial reconoció que se habían encontrado «pelotas» de tenis con droga en los patios durante la pandemia, es decir, que la droga continuaba entrando en la prisión. De hecho, el director José Antonio Luis de la Iglesia también reconoció que «sí había visto drones por la noche y que los trabajadores de limpieza y mantenimiento sí han entrado durante la pandemia».

Ante la Guardia Civil

Previamente, el director de Valdemoro había prestado declaración ante la Guardia Civil el 1 de junio, tras ser detenidos los cuatro funcionarios y los agentes le habían preguntado muchas cosas, no sólo sobre el tráfico de drogas. También fue interrogado sobre teléfonos móviles y dijo que «es muy frecuente encontrar teléfonos móviles, tanto pequeños como smartphones, al igual que sustancias estupefacientes preferentemente entre los módulos 7, 8 y 9, donde se hacen más incautaciones». Luego la Guardia Civil le preguntó sobre tres funcionarios en concreto y sobre «la cantidad de sustancias estupefacientes aprehendidas desde el 14 de marzo de 2020», cuando entró en vigor el estado de alarma por el COVID 19, a lo que el director respondió que «los tiene, pero no se acuerda». En esa misma comparecencia el director de la prisión señaló que una de las aprehensiones más importantes fue de «unas 20 bellotas de hachís, que además se han incautado varias tarjetas Micro SD y tarjetas sim de dispositivos móviles».

La Guardia Civil tomó declaración a este mismo director en varias ocasiones anteriores, mientras investigaban el tráfico de drogas y la introducción de teléfonos móviles en su prisión. Las conclusiones reflejadas en el atestado de la Guardia Civil que acabó con la detención de cuatro funcionarios de la prisión de Valdemoro recogen que «desde la propia Dirección del Centro Penitenciario en un primer momento, reflejó la existencia de la connivencia en la consecución de actividades ilícitas entre funcionarios de Prisiones e internos, aportando igualmente nombres tanto de funcionarios como de internos».