Narbona era ministra cuando se firmó el contrato del que el tesorero del PSOE anotó: «1M para el partido»
Hasta 30 de los 31 contratos de Joan Ribó al yerno del tesorero del PSOE fueron ‘a dedo’
Tres anotaciones relacionan a Ximo Puig con una empresa investigada por corrupción en la trama Azud
La senadora y presidenta del PSOE Cristina Narbona era ministra de Medio Ambiente cuando el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero decidía tumbar todo el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de su predecesor José María Aznar y encargaba a Narbona la gestión integral del agua a través de una sociedad estatal que pasó a depender totalmente de ella, Acuamed. Esta empresa se ha mostrado ahora clave en toda la investigación del caso Azud, al demostrar los investigadores de la Guardia Civil que los contratos públicos que adjudicaba Acuamed eran influidos por la mediación de José María Cataluña y Jose Luis Vera, tesorero entonces del PSOE de Valencia (PSPV) y asesor jurídico de la empresa Divalterra (Diputación de Valencia), respectivamente. El primero incluso habría anotado de su puño y letra la presunta comisión que se llevaban los socialistas tras la adjudicación: «Un millón para el partido». De esa manera, parte del dinero del Estado acabaría en manos del PSPV.
El modus operandi parece tan sencillo que resulta increíble. Se desarrollan actuaciones urbanísticas en diferentes municipios valencianos de alcaldías socialistas. Se negocian nuevos Programas de Actuación Integrada (PAI) en localidades como Jijona que contemplan la construcción de nuevas urbanizaciones y para ello se necesita que el agua llegue a las mismas, bien vía trasvase de ríos o mediante la construcción de desalinizadoras. Eso se hace mediante concurso público y ahí aparecen las constructoras de grandes grupos como Axis de Jaime Febrer que, presuntamente, desembolsan comisiones a intermediarios con ascendencia entre los responsables políticos.
Por esto se firmó un convenio entre la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y el Ayuntamiento de Jijona. En este caso, se trataba de ampliar la desaladora de Mutxamel para incrementar el caudal de agua potable a las nuevas urbanizaciones.
Pero ¿cómo llegó la Guardia Civil a estas conclusiones? Analizando una a una todas las adjudicaciones de la época y las agendas intervenidas en los registros de los investigados. Uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil lo deja claro: «El que se presume punto de partida de estos pagos son una serie de reuniones que tuvieron lugar entre Jaime Febrer (dueño del grup Axis) y José Luis Vera Llorens (abogado ligado al socialismo valenciano), en las que aparentemente se habría pactado el pago de una comisión por importe de 2 millones de euros (de los cuales uno sería para el propio Vera y otro para el PSPV). El motivo del pago de esta comisión se encuentra en la actuación urbanística que se pretendía realizar por parte del Grupo Axis en la localidad alicantina de Jijona. Concretamente, este pago sería la contraprestación por viabilizar la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Jijona y la empresa Acuamed (…)».
«Especialmente revelador en este sentido resulta un documento intervenido en el domicilio de José María Cataluña, contenido en el interior de un sobre con el anagrama del PSPV-PSOE y con la inscripción manuscrita «A/a D. Jose Cataluña». Se trata de un documento mecanografiado en cuyo encabezado aparece resaltado «Adjudicación sin IVA tramo E» y que se refiere, como se desprende del análisis efectuado, a la licitación efectuada por la empresa pública Aguas del Júcar S.A. –vinculada a Acuamed- para la ejecución de las obras del nuevo trazado Júcar- Vinalopó», continúa el informe de los investigadores de la Guardia Civil.
El tramo E era sólo una parte del trasvase del río Júcar al río Vinalopó y fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Acciona Infraestructuras y Construcciones Luján, nombradas por Cataluña en su documentación como «ACC» y «C.L.», respectivamente. «En el documento se recoge una cuantía de 2 millones de euros, que supone un 5% del importe de adjudicación del contrato, y a la que se refieren como «Condición de Adjudicación». También se calcula el importe «Total a desembolsar por C.L., que se cifra en 750.000€», según el referido informe de la UCO.
Pero, ¿cómo se abonó presuntamente ese millón de euros al PSOE? Los investigadores han probado de manera indiciaria un abono de 563.000 euros a José Luis Vera a través de dos contratos ficticios. La UCO considera que «parte del soborno pactado con José Luis Vera y Pepe Cataluña (ex tesorero del PSPV) iría a manos del PSOE a través de este último». Una parte de ese dinero (484.480 €) fue abonado por el Grupo Axis a través de los gastos electorales de los socialistas.
En definitiva, los investigadores sospechan que el dinero público de Acuamed acabó pagando una parte de la campaña del PSPV en la elecciones municipales y generales de 2007 y 2008, respectivamente.
El mismo modus operandi de las adjudicaciones de Acuamed se habría repetido en la construcción de la desaladora de Moncófar (Castellón), que fue adjudicada por 50,8 millones de euros el 25 de enero de 2008. «Ese mismo día -señalan los agentes de la UCO en el sumario- figura en una de las agendas intervenidas en el domicilio de José María Cataluña, ex tesorero del PSPV, una anotación relacionada con la desaladora de Moncófar, recogiendo tanto el importe aproximado de la adjudicación como una referencia a Facsa».
Tres días más tarde una de las empresas publicitarias de la campaña del PSOE a las generales de 2008, Cronosport, emitía una factura a Facsa por 70.817 euros, «que tendría como finalidad el justificar el abono de una serie de servicios prestados en beneficio del PSOE con motivo de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado que tuvieron lugar el 09-03-2008», escribieron los investigadores de la Guardia Civil. De esta obra también resultó adjudicatario el Grupo Gimeno pues formaba parte de la UTE junto a Facsa que obtuvo el contrato que José María Cataluña anotó como «51m», en referencia a 51 millones de euros.
La empresa Acuamed se creó por parte del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tras decidir en el Consejo de Ministros de 18 de junio de 2004 derogar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del Gobierno de José María Aznar. Cristina Narbona fue ministra de Medio Ambiente entre el 18 de abril de 2004 y el 14 de abril de 2008 y última responsable de Acuamed.
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