Miquel Roca «donó» 10.000 euros a CatDem tras recibir un contrato a dedo de 82.500 euros de la Generalitat

Miquel Roca i Junyent, ex portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados y actual abogado de la Infanta Cristina en el caso Nóos, hizo una «donación» de 10.000 euros a la Fundación CatDem tras recibir un contrato a dedo de 82.500 euros de una empresa pública de la Generalitat.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que las donaciones a la Fundación CatDem eran el procedimiento utilizado por algunas empresas para pagar a Convergencia comisiones de entre el 3% y el 12% a cambio de contratos públicos adjudicados por las Administraciones gobernadas por este partido.

El consorcio creado por la Generalitat para adjudicar la mayor obra pública de Cataluña pagó a Roca estos más de 80.000 euros de forma irregular, incumpliendo la normativa estatal sobre contratos de las Administraciones públicas.

Así lo sostiene la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en su informe 31/2014, redactado para fiscalizar la contabilidad de Regsesa, la empresa pública de la Generalitat que gestiona el proyecto del Canal Segarra Garrigues, una red de sistemas de regadíos para la provincia de Lérida que hasta el momento ha costado 1.102 millones de euros.

El informe indica que el gabinete jurídico Roca Junyent SLP, fundado y dirigido por el ex diputado de CiU, cobró en 2011 dos pagos que suman 82.500 euros del consorcio público que depende del Departamento de Agricultura de la Generalitat.

El primero de ellos, aprobado el 1 de abril de 2011, por un importe de 17.500 euros en concepto de «honorarios por los servicios de asesoramiento jurídico de Regsega durante los meses de abril a julio de 2011».

El segundo pago asciende a 65.000 euros y fue aprobado tres meses después, el 29 de julio de 2011. El concepto con el que se justificó es «honorarios de un letrado asesor por los servicios jurídicos de asesoramiento al consejo de administración de la compañía y asesoramiento legal en materia de contratación desde el 1 de agosto de 2011 hasta el 31 de julio de 2012».

No eran donaciones, eran ‘mordidas’

En su informe de fiscalización, la Sindicatura de Cuentas indica que este pago se efectuó sin «ningún procedimiento de contratación». En consecuencia, señala, el abono efectuado al despacho del abogado Miquel Roca vulnera la Ley estatal 30/2007 de Contratos del Sector Público.

Miquel Roca i Junyent aparece en el mismo ejercicio 2011 como donante de una aportación de 10.000 euros a la Fundación CatDem, vinculada a Convergencia. Significativamente, no hizo ninguna «donación» a CatDem en 2008, 2009, 2010, 2012 ni 2013. Solo en 2011, el mismo año en el que cobró 82.500 euros de la empresa pública de la Generalitat que gestiona las obras del Canal Segarra Garrigues.

La operación policial dirigida el pasado miércoles por la Fiscalía Anticorrupción permitió constatar que muchas de las donaciones efectuadas por empresarios a la Fundación CatDem son en realidad comisiones ilegales, de entre el 3% y el 12%, abonadas a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Como ha informado OkDiario, CatDem transfería luego estos recursos económicos al partido de Artur Mas, en forma de pago por informes ficticios de asesoría.

La empresa pública Regsesa adjudicó en 2003 por 1.102 millones de euros las obras de infraestructura hidráulica de Lérida a la UTE Aguas del Segarra Garrigues, integrada por una decena de constructoras. Esta UTE tuvo como director a Josep Antoni Rosell, quien antes había participado en el diseño del concurso como subdirector de Infraestructuras del departamento de Agricultura de la Generalitat.

El referéndum ilegal de independencia

Josep Antoni Rosell fue detenido el miércoles por la Guardia Civil, por su presunta implicación en la trama de cobro de comisiones ilegales por parte de Convergencia. Desde 2011, es el director general de Infraestructuras de la Generalitat.

Buena parte de las constructoras integradas en la UTE que se hizo con el contrato millonario del Segarra Garrigues son también donantes de la Fundación CatDem, como Agbar (“donó” 898.000 euros), Copisa (580.000 euros), FCC (105.000 euros) y M y J Grúas (otros 55.500).

En la operación policial dirigida el pasado miércoles por la Fiscalía y el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, la Guardia Civil registró las oficinas de una de estas empresas, Copisas y detuvo a su consejero delegado, Xavier Teuler.

En cuanto a Miquel Roca i Junyent, su designación como abogado de la Infanta Cristina -en la causa en la que está imputada junto a su marido, Iñaki Urdangarín- ha resultado especialmente polémica, por las simpatías que ha mostrado públicamente a la causa del independentismo catalán.

De hecho, ha asumido también la defensa de la ex consellera de Educación Irene Rigau, imputada por participar en la organización del referéndum ilegal de independencia celebrado el 9N de 2014.