La mesa de contratación ya había manipulado la licitación para beneficiar a la empresa acusada de pagar a Cerdán

Los correos electrónicos intercambiados entre los miembros de la mesa de contratación para la adjudicación de las obras de los nuevos túneles de Velate (Navarra) revelan un proceso lleno de tensiones, discrepancias e irregularidades que ahora están bajo la lupa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

A la postre, frente a otras ofertas, resultó ganadora de la licitación una unión de empresas participada por Servinabar 2000 SL, cuyo propietario es próximo a Santos Cerdán y que patrocinó al equipo de cortadores de troncos de Koldo García.

El expediente consultado por OKDIARIO muestra cómo la valoración técnica de las ofertas generó profundas divisiones entre los integrantes de la mesa de contratación, hasta el punto de que el secretario de la misma, Lorenzo Serena, llegó a afirmar por escrito que «el procedimiento que hemos seguido al valorar las ofertas ha quedado viciado, así puede ser visto».

El conflicto comenzó a gestarse a finales de mayo de 2023, cuando el presidente de la mesa, Jesús Polo, envió un informe de valoración técnica que otorgaba una puntuación muy destacada (46,22 puntos sobre 50) a la UTE formada por Acciona, Fermín Osés y Servinabar, que finalmente resultaría adjudicataria.

En una comunicación del 30 de mayo, Polo Soriano dejaba clara la premura por resolver la adjudicación: «Debo indicaros que hay mucho interés en que se adjudique antes de San Fermín. Por lo que os agradecería que me enviéis vuestros comentarios o visto bueno cuanto antes para que procedamos a la firma y sigamos con el procedimiento».

La principal objeción planteada por varios miembros fue la ausencia de motivación en las puntuaciones. El interventor delegado, Jesús Muñoz, manifestó el 22 de junio que «el informe adolece de falta de motivación al no haber una correlación entre la literatura del informe y las puntuaciones asignadas».

En la misma línea, otro técnico señaló que «la valoración debe ser motivada, y para ello debe reflejar los hechos (el contenido del proyecto en cuanto a cada criterio de adjudicación) valorando si hay olvidos o contenidos incorrectos. Y, después, la relación entre su contenido y la buena ejecución de la obra».

Filtraciones y presiones

Quizás el aspecto más controvertido fue la revelación realizada en un documento interno del 21 de junio de 2023. En él, el secretario de la Mesa afirma que «en la sesión celebrada el día 14 de junio puse en conocimiento de todos los miembros de la Mesa de Contratación el hecho de que con anterioridad a la comunicación por el presidente de la puntuación de las ofertas (del día 30 de mayo), varios empleados del Departamento me habían revelado la existencia de comentarios (incluso externos a la Administración) acerca del sentido de la valoración».

Esta grave afirmación fue corroborada, según el mismo documento, por «cinco de los miembros de la Mesa presentes en dicha reunión», lo que sugiere que el resultado de la valoración técnica pudo ser conocido fuera del ámbito administrativo antes de ser comunicado oficialmente. Además, esos comentarios acertaron con qué propuesta empresarial iba a ser la mejor valorada.

Un correo hace referencia a «las cuestiones que tuvimos con una vocal y su falta de cuidado al dejar las ofertas técnicas de las empresas en una unidad en red a la que pudo acceder cualquiera». Un documento clave acabó en una carpeta compartida que podía consultar decenas de personas.

Los correos revelan también un procedimiento de valoración inusual. Un integrante denunció que se realizaron «puntuaciones personales de cada miembro sin puesta en común posterior, con remisión al presidente de la Mesa de cada puntuación, y en algunos casos de los correspondientes comentarios, a fin de que éste, posteriormente, plasmase su propia valoración personal y pudiera proceder a redactar el documento de análisis».

Plan para expulsar al presidente

Ante esta situación, el secretario de la Mesa llegó a proponer que se excluyera al presidente del proceso de valoración y que fuera su suplente quien realizara una nueva evaluación, «siempre que esta persona no conozca las puntuaciones de los demás miembros técnicos de la Mesa y para garantizar que su valoración se hace de forma independiente a las ya existentes».

Los correos muestran también un intento por parte de algunos miembros de buscar alternativas para evitar puntuaciones problemáticas. Un técnico planteó «quitar la puntuación más alta y más baja de todas las valoraciones y hacer la media de las tres restantes», opción que finalmente no prosperó.

Las diferencias de criterio llevaron al secretario a advertir que «todo lo que no se consiga con esas mínimas garantías, a mi entender, obligaría a anular la licitación e iniciar un nuevo procedimiento».

Tras semanas de tensión, los miembros de la mesa comenzaron a posicionarse formalmente. Un miembro de la Mesa manifestó el 2 de agosto que «no estoy de acuerdo con la propuesta de retirar al presidente de la mesa, ya que no tengo ninguna sospecha sobre su buen hacer».

«Sembraría dudas»

Por su parte, otro integrante expresó ese mismo día que «hacer cambios ahora podría generar más sospechas que aclararlas, para poder iniciar las obras lo antes posible», mientras que otro defendió que «cualquier actuación que se salga de lo habitual dejaría en muy mal lugar al Departamento y sembraría dudas en el procedimiento de adjudicación».

La controversia en torno a esta adjudicación ha trascendido el ámbito regional y ahora forma parte de una investigación más amplia que incluye posibles influencias de cargos políticos en la concesión de contratos públicos millonarios, en lo que parece ser una nueva ramificación del caso Koldo. Un macro caso que no acaba, parece no ver la luz al final del túnel.