La mano derecha de Ximo Puig facturó 300.000 € sin contrato a una empresa del corrupto Ortiz
La mano derecha del presidente socialista valenciano Ximo Puig, José Chulvi, ha pagado 300.000 euros sin contrato en dos años a una empresa de limpieza de la que es apoderado el constructor alicantino investigado en el caso Brugal y condenado por la Gürtel valenciana, Enrique Ortiz.
José Chulvi es secretario General del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, alcalde de Jávea y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante. Según la documentación, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Chulvi ha pagado facturas sin expediente de contratación o sin justificación en Jávea por valor de 300.000 euros a la empresa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares CESPA entre 2016 y 2017.
El constructor alicantino Enrique Ortiz es apoderado de CESPA desde el 7 de junio de 2016. La compañía especializada en limpieza y otros servicios ya se ha visto salpicada en los últimos años en algunas tramas de corrupción en Galicia como la ‘Operación Patos’.
La mano derecha de Ximo Puig en el PSOE Valenciano realizó 16 pagos a CESPA por distintos conceptos durante 2016 que ascienden a un total de 45.607 euros. La documentación municipal que publica este diario recoge textualmente en cada uno de los pagos realizados lo siguiente: «Falta modificación contrato por razón de interés público, conforme artículo 101 Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio». Es decir, no están justificados como exige la Ley.
El concepto de las facturas abarca diferentes prestaciones relacionados son la limpieza: «Servicio extraordinario de limpieza de playas» (6.949 euros), «servicio extraordinario de recogida de residuos» (6.844 euros), «servicio extraordinario de limpieza de zonas públicas» (25.484 euros), «servicio extraordinario de recogida y transporte de residuos sólidos» (5.743 euros) y «servicio extraordinario de recogida o transporte de papel» (582 euros).
En el año 2017, el consistorio de Chulvi realizó 23 pagos por un total de 254.210 euros a CESPA sin que conste «expediente de contratación». La empresa de la que es apoderado Enrique Ortiz recibió 84.488 euros en total por el «servicio de limpieza dependencias Portal del Clot» (dependencia municipal), 20.170 euros en total por «servicio de gestión del ecoparque», 47.495 euros por la «prestación de servicio de limpieza en centros docentes», 586 euros por el «servicio de limpieza interiores del registro», 586 euros del «servicio de limpieza interiores Creama», 1.833 euros del «servicio de limpieza centro social», 2.232 euros por el «refuerzo de limpieza viaria», 7.556 euros por la «limpieza viaria refuerzo barredora».
También otros 20.373 euros para «limpieza playas refuerzo tardes», 25.384 euros en «refuerzo carga lateral y refuerzo ecoparque» y 47.495 euros más por el «servicio de limpieza de centros docentes» en noviembre de 2017. «No consta expediente de contratación según el artículo 109 y 32 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público» afirma literalmente esta documentación municipal en su casilla de observaciones.
Ciudadanos ya denunció en enero ante los juzgados de Denia a Chulvi por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el posible fraccionamiento de contratos en su consistorio. La formación naranja considera que las contrataciones que ascienden a 521.021 euros son irregulares por falta de tratamiento de expediente.
C`s describe 12 contrataciones del Ayuntamiento de Jávea, con reparos de la interventora, «por la reiterada falta total de tramitación de expedientes de contratación para la adquisición de suministros y prestación de servicios». El propio Ximo Puig mostraba públicamente entonces su «absoluta confianza» hacía José Chulvi.
En diciembre del pasado año, el Ayuntamiento de Jávea aprobó la prórroga de un año en el contrato de prestación con CESPA para la recogida de la basura y la limpieza viaria. El pliego de condiciones aprobado en 2007 permitía dos renovaciones por plazo de un año.
La prórroga entró en vigor el 1 de diciembre y concluirá el 30 de noviembre de 2018. Tras esta prórroga, el consistorio abonará a la mercantil un total de 4,18 millones de euros. La propia concejala de Servicios de la localidad, Kika Mata, aseguraba en un pleno municipal que la compañía estaba «fallando muchísimo» en limpieza viaria.
En declaraciones a OKDIARIO, el grupo Ferrovial del que es filial CESPA afirma que el empresario Enrique Ortiz figura como apoderado de esta compañía «exclusivamente para un contrato de limpieza suscrito en Alicante con una Unión Temporal de Empresas UTE».
Ortiz, entre Brugal y Gürtel
El empresario alicantino Enrique Ortiz era condenado hace una semana a 1 año y 3 meses de cárcel por un delito electoral y otro continuado de falsedad en el marco de la trama Gürtel valenciana. La pena de cárcel será sustituida por una multa total de 109.500 euros, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.
Hace dos semanas, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante dictaba un auto aclaratorio de apertura del juicio oral en el marco del caso Brugal contra el constructor por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad junto a la exacaldesa popular de Alicante, Sonia Castedo. El juez ordenaba incluir a diez mercantiles como responsables civiles subsidiarias vinculadas con Enrique Ortiz con el pago de una fianza de 1,3 millones de euros.