Maduro colocó en Madrid a familiares de su ex n° 2, el ‘narco’ El Aissami, para proteger el botín de Corporación Guayana

El dictador Nicolás Maduro colocó a familiares directos de su vicepresidente Tareck El Aissami –buscado por la Justicia de EEUU por narcotráfico– y de su hombre de confianza Pedro Maldonado en la sede madrileña de la  Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Internacional C.A. para proteger el botín de esta emblemática empresa estatal.

Ahora Maduro cuenta con la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para evitar que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se haga con el control de la filial europea de CVG, que aglutina a las principales industrias del país.

La Asamblea Nacional de Venezuela que preside Juan Guaidó ha puesto en marcha, con el respaldo de la Administración de Donald Trump, un plan para poner a salvo los activos de las grandes empresas estatales venezolanas en el exterior, para evitar que sean expoliadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con esta consigna, la Asamblea Nacional nombró el pasado 20 de agosto a Manuel Enrique Castells como nuevo administrador único de CVG Internacional Filial Europea SL, que tiene su sede en Madrid. Este nombramiento ya ha sido avalado y publicado por el Registro Mercantil español.

Buscado por narcotráfico

El nuevo equipo directivo designado por Enrique Castells tomó posesión el pasado 22 de enero de la sede europea de la corporación CVG, situada en Alcobendas (Madrid), y destituyó a los funcionarios chavistas que trabajaban en estas instalaciones.

Entre las empleadas de la sede madrileña se encontraba Randa Aamer, cuñada del vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, al que Estados Unidos ha incluido en la lista de delincuentes más buscados por la Justicia por sus vínculos con el narcotráfico internacional.

De origen sirio-libanés, Tareck El Aissami constituye además el principal nexo del régimen venezolano con la teocracia iraní (para la que ha trabajado Pablo Iglesias a través del canal internacional Hispan TV) y con grupos terroristas como Hezbolá, según las investigaciones de la Justicia de EEUU.

Considerado como uno de los hombres fuertes del régimen chavista, junto a Diosdado Cabello, Tareck El Aissami ha sido viceministro de Seguridad Ciudadana y Ministro de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela. Nicolás Maduro le nombró en junio de 2018 vicepresidente económico y ministro de Industrias y Producción Nacional. Ahora también es el máximo responsable de PDVSA, la petrolera estatal que pagó varios millones de euros en comisiones a la familia del ex embajador español Raúl Morodo.

Una red criminal con Hezbolá

El Departamento del Tesoro (OFAC) de EEUU incluyó en febrero de 2017 a Tareck El Aissami en su lista negra y congeló todos sus bienes en el exterior (su fortuna está cifrada en 3.000 millones de dólares) por sus vínculos con el narcotráfico y con organizaciones terroristas de Oriente Medio.

El informe del Departamento del Tesoro acusa al vicepresidente de Venezuela de controlar las rutas del narcotráfico que operan desde bases aéreas y puertos del país. El documento señala literalmente que “a lo largo de los años, Tareck El Aissami ha desarrollado una red financiera sofisticada y de múltiples niveles que funciona como un canal criminal terrorista para traer militantes islámicos a Venezuela y a países vecinos, y para enviar fondos ilícitos desde América Latina hasta Oriente Medio”.

Tareck El Aissami colocó en julio de 2018 al frente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) a uno de sus más estrechos colaboradores, Pedro Maldonado, que le ha acompañado en buena parte de su trayectoria política desde que ambos militaron en el movimiento estudiantil Utopia 78.

Durante su etapa como director de Derechos Humanos del Ministerio de  Interior y Justicia (2007-2009), Pedro Maldonado expulsó del país al director de la prestigiosa ONG norteamericana Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, por denunciar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos del régimen chavista.

El botín de la corporación industrial

En 2010 Hugo Chávez nombró a Maldonado director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). En este cargo, ordenó el cierre de numerosos programas de radio y televisión, por mostrarse críticos con el régimen, e impuso una multa millonaria al grupo de televisión Globovisión, que finalmente cayó bajo el control de los chavistas.

Como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado colocó a su prima María Rosario Falcón Maldonado al frente de la filial europea, con sede en Madrid, de esta empresa estatal. María Rosario Falcón ha sido destituida ahora del cargo por la Asamblea Nacional de Venezuela, que preside Juan Guaidó, y sustituida por el nuevo administrador único de CVG Internacional Filial Europea, Enrique Castells.

Como ha informado OKDIARIO, tras asumir el control de la sede europea de la corporación industrial, situada en Alcobendas (Madrid), la nueva dirección de CVG encabezada por Enrique Castells se ha encontrado un problema añadido: tres entidades financieras españolas se niegan a facilitarle el control de las cuentas bancarias de CVG, en las que hay depositados cerca de 20 millones de euros.

Los chavistas llevan a CVG a la quiebra

El equipo de Juan Guaidó teme que el Gobierno de Pedro Sánchez y la Embajada de Venezuela en Madrid están ejerciendo una presión política para frenar la operación, respaldada por la Casa Blanca, que busca poner a salvo los activos de las grandes empresas públicas venezolanas en el exterior con el fin de evitar que sean saqueadas por los chavistas.

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) aglutina actualmente a 21 empresas públicas, casi todas al borde de la quiebra, dedicadas a la explotación de yacimientos de bauxita (como CVG Bauxilum), su transformación en aluminio (CVG Venalum), la extracción de hierro (CVG Ferrominera), la producción de acero (Sidor) y la explotación de recursos forestales (Maderas del Orinoco).