La fundación de Podemos también asesoró al nº 2 de Maduro al que EEUU acusa ahora de narcotráfico

La Fundación CEPS, de la que formaban parte los principales líderes de Podemos, también asesoró al actual vicepresidente del Gobierno de Venezuela, Tareck El Aissami, al que Estados Unidos acusa de «jugar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos».

A lo largo de 2011, la Fundación CEPS remitió al Gobierno de Hugo Chávez al menos cuatro informes sobre el sistema penitenciario de Venezuela y sobre el proyecto de Código Orgánico Penitenciario que había impulsado el entonces ministro de Relaciones Internas y Justicia, Tarek El Aissami, hoy perseguido por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por sus actividades vinculadas con el narcotráfico.

En aquellos informes, la Fundación de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón incluyó distintas recomendaciones para mejorar el reglamento que había elaborado el ministro El Assami y lavar la imagen de su régimen de prisiones. Se trata del mismo sistema penitenciario en el que el Gobierno de Nicolás Maduro mantiene hoy encarcelados a algunos de los principales líderes de la oposición, como Leopoldo López.

En aquel momento, el secretario del patronato de la Fundación CEPS era Íñigo Errejón, mientras que el presidente de la Fundación era el actual portavoz de Economía de Podemos en el Congreso de los Diputados, Alberto Montero. También han sido patronos o han trabajado en CEPS otros dirigentes del partido morado como Pablo Iglesias, Carolina Bescansa o Luis Alegre.

En un dictamen dirigido al Gobierno de Chávez el 20 de abril de 2011, la Fundación CEPS elogiaba el proyecto de Código Penitenciario impulsado por el ministro Tareck El Aissami afirmando que «en un instrumento legal profundamente humanista, garante de los Derechos Humanos, progresivo, rehabilitador, reeducador y avanzado. De aprobarse sin modificaciones significativas que desdibujaran su actual configuración jurídica, se convertiría en uno de los marcos legales penitenciarios más progresistas del mundo en esta materia».

A continuación, la Fundación de los líderes de Podemos sugería algunas mejoras cosméticas al proyecto del ministro Tareck El Aissami. Por ejemplo, proponía no llamar «cárceles» a las cárceles venezolanas, sino «comunas, comunidades o establecimientos de rehabilitación social».

Los asesores de Podemos argumentaban que hay que desterrar el término «centro penitenciario» para referirse a las prisiones, porque «enfatiza la idea de pena, derivada del concepto religioso de penitencia».

De este modo, indicaban los asesores españoles de Hugo Chávez, las cárceles venezolanas (en adelante, «espacios de rehabilitación social») deben ser «espacios reflexivos y de formación que sirvan a los internos e internas para revisar su trayectoria vital y social, su rectificación desde la autocrítica y el reimpulso hacia una nueva vida normalizada con los instrumentos educativos y formativos proporcionados por la colectividad a través del Estado. El espacio penitenciario como espacio de transición hacia la nueva vida de otro hombre u otra mujer nuevas».

En el mismo sentido, los asesores de CEPS proponían denominar «servidor público penitenciario” o “servidor público rehabilitador” a los carceleros, y sustituir el nombre del propio Código penitenciario por el de «Código Orgánico de Garantías Rehabilitadoras».

En aquel año 2011, la Fundación CEPS cobró del Gobierno de Venezuela 309.44 euros, según sus cuentas anuales. La mayor partida corresponde a un convenio de colaboración de 231.933 euros firmado con el Despacho de Presidencia de la República de Venezuela, mediante el cual CEPS prestaba al gabinete de Hugo Chávez «apoyo técnico en las tareas administrativas, jurídicas y económicas».

Los distintos informes sobre el sistema penitenciario que dirigía el entonces ministro de Justicia y actual vicepresidente del Gobierno de Venezuela Tareck El Aissami se elaboraron al amparo de este convenio.

En aquel ejercicio, la Fundación CEPS cobró además otros 14.000 euros del Banco Central de Venezuela, 15.000 euros de la Vicepresidencia del Gobierno de Venezuela y otros 48.511 euros a través de un convenio suscrito con la Fundación GIS XXI, un instituto demoscópico que dirigía Jesse Chacón, otro de los hombres de confianza de Hugo Chávez.

Como ha informado OKDIARIO, el Gobierno de Estados Unidos ha acusado formalmente este lunes al actual vicepresidente de Venezuela Tarek El Aissami de «jugar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos», por lo que la administración Trump le ha impuesto una serie de sanciones financieras.

En concreto, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sostiene que el número 2 del Gobierno de Nicolás Maduro «supervisó o fue dueño parcial de cargamentos de mil kilos de cocaína» y dio protección a miembros de los cárteles colombianos del narcotráfico. De este modo, ya son 13 los altos funcionarios del Gobierno de Venezuela perseguidos por la Justicia norteamericana por sus vínculos con el tráfico de drogas.

Tareck El Aissami, de ascendencia sirio-libanesa, debe por ley sustituir al presidente en caso de que avance un proceso de referendo revocatorio en 2017, que fue suspendido en 2016 por el poder electoral, al que la oposición acusa de servir al chavismo.

La OFAC, una agencia del Departamento del Tesoro de EE.UU., ordenó las sanciones que congelan cualquier activo que pudiera tener en Estados Unidos El Aissami, nombrado vicepresidente venezolano el pasado mes de enero.

En una declaración jurada y firmada en el Consulado General de España en Nueva York, el ex ministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea ha confesado ante la Policía española que Hugo Chávez ordenó pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, de cuyo patronato formaban parte los actuales líderes de Podemos.

Isea confirmó así la autenticidad del documento publicado por OKDIARIO el pasado mes de abril, en el que Hugo Chávez ordenaba pagar 6,7 millones a la Fundación CEPS para “llevar la Revolución a España y luchar contra el capitalismo”. En la orden de pago firmada por Chávez se mencionaba expresamente a Juan Carlos Monedero, Jorge Verstrynge y Pablo Iglesias como «aliados de la revolución bolivariana».

De este modo, CEPS y los principales dirigentes de Podemos habrían recibido del régimen chavista más de 7 millones de euros, si se incluyen los 425.000 euros que Juan Carlos Monedero cobró del Banco Alba por un informe fantasma y los 142.000 euros que Nicolás Maduro ordenó pagar a Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez en octubre de 2013.