Un informe del caso BPA recoge un pago como arquitecto al presidente de Andorra de 344.673 €

El caso Banca Privada de Andorra (BPA) que instruye la juez andorrana, Canòlich Mingorance, no deja de dar sorpresas durante la investigación.

Después de que la familia Pujol anunciara una querella contra el comisario, Marcelino Martín Blas y el agregado de Interior en la embajada española del Principado, Celestino Barroso, por «amenazas y coacciones», ahora un nuevo hecho sorprendente sacude el sumario.

Según ha podido saber OKDIARIO, un informe de la auditora PricewaterhouseCoopers, PWC, incluido en el sumario del caso BPA, recoge una transferencia de 344.673 euros de la familia Cierco al actual presidente de Andorra, Antoni Martí.

El pago a Antoni Martí, arquitecto de profesión, fue por la construcción del edificio «Calam» propiedad de los Cierco en el año 2009. En esta fecha, Martí ya ostentaba un cargo público, concretamente era alcalde del municipio andorrano de Escaldes-Engordany, donde nació y precisamente donde se levantó el citado edificio.

En ningún momento, se puede hablar de hecho delictivo, no obstante, los estatutos del Colegio de Arquitectos de Andorra establece que «los colegiados ejercientes estarán sujetos a las incompatibilidades y prohibiciones que se establecen en las Normas Deontológicas».

A su vez, dichas normas señalan en su artículo 15 las siguientes incompatibilidades: «El ejercicio de cargos políticos o de confianza con carácter de exclusividad. En este caso, el colegiado en ejercicio tendrá que pasar a la condición de colegiado sin ejercicio».

Martí estudió Arquitectura en la Universidad de Toulouse, en Francia y fue fundador del Partido Liberal de Andorra. Al frente de la coalición de centro-derecha Demócratas por Andorra (DA) ganó las elecciones de 2011 con el 55% de los votos, y el 12 de mayo del mismo año se convierte en Jefe de Gobierno del principado. En 2015, es reelegido para otro mandato.

En los últimos meses, varios miembros de su Ejecutivo se han visto salpicados por varios casos de corrupción, entre ellos el ministro de Economía y Finanzas, Jordi Cinca.

Investigación del caso BPA

El pasado mes de agosto, los hermanos Higini y Ramón Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), eran absueltos de las acusaciones por blanqueo de capitales. En el auto judicial, la instructora destacaba que no apreciaba “elementos para dictar procesamiento contra los encausados”.

Los hermanos Cierco declararon ante la juez, que la entidad bancaria “actuó siempre siguiendo el marco legal andorrano vigente en cada momento” y que “se cooperó tanto con los organismos de control y supervisión estatales como con las empresas auditoras.

Ramon Cierco aseguró en sede judicial que “el control del día a día de la entidad estaba en manos de los ejecutivos y que los presidentes asumían aquellas funciones descritas y reconocidas en los estatutos de la entidad”. Además, destacó que el banco “siempre disponía de las medidas de control necesarias y que la operativa usada seguía los parámetros descritos por el departamento de cumplimiento normativo” que, a su vez, se ceñía a la normativa y a los comunicados técnicos emitidos por los supervisores.

En el auto, la instructora del caso BPA dejaba en manos de la instancia judicial superior de Andorra, el Tribunal de Cortes, el archivo definitivo sobre estas acusaciones contra los accionistas mayoritarios y otras 7 personas, entre ellas, Javier Campos, ex alto cargo de BPA.