Felipe VI ordenó a Torres-Dulce que tratara a la infanta como a un ciudadano más y el fiscal se negó

El ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce se negó a acatar las instrucciones que el Rey Felipe VI le impartió para que la infanta Cristina fuera tratada «como una ciudadana más, sin ningún tipo de privilegios», en el juicio del caso Urdangarin.

Torres-Dulce rechazó esta petición apelando a su lealtad al Rey emérito Juan Carlos I: dejó explícito que se había comprometido ante el anterior monarca a hacer todo lo posible para evitar que Cristina de Borbón tuviera que sentarse en el banquillo.

La operación desplegada por la Fiscalía ha fracasado finalmente ahora, cuando el tribunal de la Audiencia Provincial de Baleares ha desestimado aplicar la doctrina Botín que habría servido para librar de todos los cargos a la infanta Cristina.

En su discurso de proclamación ante las Cortes, el 19 de junio de 2014, Felipe VI había anunciado su intención de encarnar «una Monarquía renovada para un tiempo nuevo» y se comprometió a mostrar una conducta «ejemplar», como único modo de preservar la autoridad moral y el prestigio de la institución.

Una Monarquía renovada y «ejemplar»

«La Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza», afirmó, «y para ello, velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social».

Estas palabras tuvieron una especial resonancia, cuando todavía permanecía vivo el recuerdo de la sucesión de tropiezos que habían conducido al Rey Juan Carlos I a abdicar.

Más aún, cuando las noticias sobre la implicación de la infanta Cristina en el escándalo de corrupción protagonizado por su marido, Iñaki Urdangarin, había sido uno de los factores que más habían dañado la imagen de la Casa Real.

Tras pronunciar este discurso, que anunciaban una nueva etapa en la Monarquía, Felipe VI inició su reinado celebrando una ronda de contactos con los representantes de las principales instituciones y de la sociedad civil.

La recepción en La Zarzuela

El último representante del poder judicial en ser recibido fue el fiscal general del Estado. Antes lo habían hecho el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y el del Supremo, Carlos Lesmes.

Eduardo Torres-Dulce acudió a La Zarzuela el 3 de septiembre de 2014 para entregar al monarca la memoria de la Fiscalía General del Estado, tal como deja constancia la agenda de la institución.

Ambos posaron ante los fotógrafos en el Salón de Audiencias, y a continuación mantuvieron una entrevista privada en el despacho oficial del Rey. Después de los comentarios de rigor sobre la labor y las necesidades de la Fiscalía, Felipe VI decidió abordar la situación procesal de la infanta Cristina, que tanto había dañado la imagen de la Casa Real durante los últimos años.

El monarca pidió expresamente a Torres Dulce que la Fiscalía tratara a la infanta «como una ciudadana más, sin ningún tipo de privilegios».

«El Rey y la Fiscalía no pueden cambiar de criterio»

«Eso no es posible, señor», fue la respuesta del fiscal general, según han relatado a OKDIARIO fuentes muy próximas al encuentro. Cuando Felipe de Borbón preguntó por qué, la respuesta de Torres-Dulce fue: «Porque me lo ha ordenado el Rey».

«Pero el Rey soy yo», replicó el Monarca. El fiscal dejó entrever entonces que no podía incumplir las instrucciones que había recibido, en sentido contrario, del rey emérito Juan Carlos I: «El Rey, como la Fiscalía, es una institución. Y las instituciones no pueden estar cambiando de criterio como las personas», sentenció.

Felipe VI era consciente de que el caso Urdangarin constituye una de las principales amenazas para la imagen su reinado. Que su hermana fuera finalmente condenada por fraude fiscal supondría un duro golpe para el prestigio de la Casa Real.

Pero cualquier injerencia ante la Justicia para evitar este desenlace tendría un coste aún mayor ante la opinión pública: la quiebra del principio según el cual todos los ciudadanos son iguales ante la Ley.

Todos iguales ante la Ley

Por este motivo, en coherencia con las palabras que había pronunciado el día de su proclamación, Felipe de Borbón pidió al fiscal general del Estado que preservara este principio y evitara cualquier trato privilegiado para la infanta.

Pero Torres-Dulce no dio su brazo a torcer. Después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiera en juego su prestigio oponiéndose a la imputación de la infanta –así se lo había pedido Juan Carlos I, según se desprende de sus palabras–, no podía dar marcha atrás.

Fuentes oficiales del departamento de comunicación de la Casa del Rey consultadas por OKDIARIO han eludido comentar el contenido de una audiencia celebrada por Felipe VI, pero han recordado que su postura ha sido siempre de «absoluto respeto a las decisiones judiciales».

Desde la Casa del Rey «no se ha producido ninguna intervención en todo el proceso» judicial que afecta a la infanta Cristina, han indicado las mismas fuentes.

Según relata el libro La intocable, en la primavera de 2012 se había celebrado en el Palacio de La Zarzuela una reunión entre el Rey Juan Carlos I, el presidente Mariano Rajoy, el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y el fiscal general Eduardo Torres-Dulce.

La ‘operación cortafuegos’

En esta reunión se acordó poner en marcha la «operación cortafuegos»: ante la evidencia de que Iñaki Urdangarin no saldría indemne del proceso judicial abierto por el caso Nóos, la Fiscalía y la Abogacía del Estado pondrían los medios necesarios para evitar el banquillo a su esposa, Cristina de Borbón.

Desde el principio de la investigación, el juez instructor José Castro y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach habían trabajado codo a codo en el caso Urdangarin que ocuparía cientos de portadas en los periódicos.

Pero la ruptura entre ambos se produjo, precisamente, cuando Horrach aplicó el criterio dictado desde Madrid y se opuso a la imputación de Cristina de Borbón, acusada de cooperación en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.

La audiencia oficial celebrada en septiembre de 2014 por Felipe VI, en la que Torres-Dulce se negó a dar marcha atrás a la «operación cortafuegos», tuvo un inmediato colofón.

Tan sólo tres semanas después, el 22 de septiembre, Alberto Ruiz Gallardón dimitía como ministro de Justicia. Y dos meses después, en diciembre del mismo año, el propio Torres-Dulce renunciaba al puesto de fiscal general del Estado. Ambos habían participado activamente en la operación para salvar a la infanta del banquillo.

El tribunal rechaza la ‘doctrina Botín’

Tal como había anunciado Torres-Dulce, la Fiscalía no ha variado su criterio. En la primera sesión del juicio celebrada el pasado día 11 en Palma de Mallorca, el fiscal Pedro Horrach pidió al tribunal que aplicara la llamada doctrina Botín, lo que habría eximido de todos los cargos a Cristina de Borbón.

Según esta interpretación de la Ley, sólo la acusación particular (ejercida por la Fiscalía y la Abogacía del Estado) está legitimada para imputar a alguien un delito contra la Hacienda pública. 

De prosperar, la maniobra habría dejado fuera de juego a la acusación popular ejercida por la letrada Virginia López Negrete en representación de Manos Limpias, que pide una pena de ocho años para la infanta.

Sin embargo, el tribunal ha rechazado aplicar la doctrina Botín y Cristina de Borbón deberá sentarse en el banquillo a partir del próximo día 9, cuando se reanude el juicio del caso Urdangarin.