Dignidad y Justicia pide a la juez que interrogue a Josu Ternera sobre su negociación con Zapatero

La asociación Dignidad y Justicia, que agrupa a víctimas del terrorismo, ha pedido a la juez María Tardón que incorpore las actas de la negociación de Zapatero con ETA a la causa judicial abierta contra el terrorista Josu Ternera por un delito de lesa humanidad.

La asociación que preside Daniel Portero también ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que interrogue al terrorista en Francia sobre las conversaciones con el Gobierno de Zapatero en las que participó como dirigente de ETA.

Tras permanecer huido de la Justicia durante más de una década, Josu Ternera fue detenido el pasado 16 de mayo en Sallanches (Francia) y permanece recluido en una prisión de Francia, donde tiene dos causas judiciales abiertas.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está ultimando la preparación de la orden europea de investigación que remitirá a Francia para que las autoridades galas permitan a España interrogarle en la cárcel, mediante un cuestionario escrito.

Hasta 20 años por delitos de lesa humanidad

En función de las respuestas que dé a la juez sobre sus contactos con el Gobierno español, en los que participó entre 2005 y 2007, la asociación Dignidad y Justicia analizará si cabe imputar en los tribunales alguna responsabilidad penal al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En la causa abierta por un delito de lesa humanidad, en la que Dignidad y Justicia está personada como acusación particular, Ternera se enfrentará a una pena de hasta 20 años de cárcel por su responsabilidad en los crímenes cometidos por ETA cuando formaba parte de la dirección de la banda terrorista.

Como ha informado OKDIARIO, Zapatero inició el proceso de negociación con ETA en el verano de 2005, apenas un año después de llegar a la Presidencia del Gobierno. Durante los primeros meses, las conversaciones se centraron en perfilar, palabra por palabra, el contenido de la declaración institucional que Zapatero leyó el 29 de junio de 2006, en el vestíbulo del Congreso de los Diputados, para anunciar solemnemente el inicio de la negociación con la banda terrorista.

El momento más crítico del proceso se produjo en septiembre de 2006, cuando los emisarios de ETA (encabezados por el propio Josu Ternera) amenazaron con romper la negociación por las detenciones que el juez Fernando Grande-Marlaska ordenó tras el chivatazo del bar Faisán.

El Gobierno dio un ‘chivatazo’ a ETA

El propio Ternera dio un ultimátum a los representantes del Gobierno para que liberaran en 24 horas al asesino Iñaki de Juana Chaos, que se había puesto en huelga de hambre. «Si este tema va mal, y si los daños que pueda sufrir Iñaki resultan irreversibles, en ese caso, entenderemos que ponéis un muerto sobre la mesa y entonces esto se acaba», advirtió un portavoz de la banda terrorista que ha asesinado a más de 800 personas.

Los emisarios del Gobierno se comprometieron a hacer gestiones para que De Juana Chaos pudiera cumplir la condena en su casa y para liberar a otros siete terroristas que se encontraban «enfermos» en la cárcel (entre ellos, Bolinaga). De acuerdo con las actas que ya están en poder de la Audiencia Nacional, los enviados de Zapatero también avisaron a los dirigentes de ETA de que la Policía francesa preparaba una operación para detener a la cúpula de la banda.

Los representantes del Gobierno de Zapatero también se comprometieron a presionar a los jueces para que no hicieran nuevas detenciones y al Tribunal Constitucional para que derogara la doctrina Parot. En estas negociaciones los emisarios de Zapatero aceptar incluir en una cláusula secreta de sus acuerdos la anexión de Navarra al País Vasco.

Además de la causa por delitos de lesa humanidad en la que está personada la asociación Dignidad y Justicia, el etarra Josu Ternera tiene abiertas otras tres causas judiciales en España: por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza (en el que fueron asesinadas once personas, incluyendo cinco niñas de corta edad), el asesinato de un directivo de Michelín y por un delito de integración en organización terrorista.