Un detenido de la Púnica sobre sus lazos con Daniel Pérez: «Saqué el contrato de Galapagar con dos cojones»

Uno de los principales implicados en la trama de corrupción Púnica, Pedro García Pérez, describió gráficamente cómo obtuvo una adjudicación de 19 millones de euros del Ayuntamiento de Galapagar, presidido por el alcalde popular Daniel Pérez: «Saqué el contrato de Galapagar con mis dos cojones».

Pedro García Pérez fue detenido por la Guardia Civil poco después de pronunciar estas palabras, que quedaron registradas 16 de octubre de 2014 en un pinchazo telefónico ordenado por el juez. Había ocupado un alto cargo directivo en la empresa Dalkia Ernegía y Servicios SA, antes de convertirse en director de Mercados de Cofely, la empresa que sobornó a alcaldes y concejales para obtener contratos públicos en decenas de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, Murcia y Castilla y León.

García Pérez trabajaba para Dalkia cuando esta empresa obtuvo un contrato de 19 millones de euros para mejorar la eficiencia energética del alumbrado y las dependencias municipales del Ayuntamiento de Galapagar. La adjudicación fue aprobada el 2 de marzo de 2011 y está firmada por el entonces concejal de Hacienda, Fernando Arias. El contrato tiene una duración de 15 años, por lo que estará vigente hasta 2016.

Al menos cuatro directivos de Dalkia se pasaron luego a la compañía Cofely. La instrucción del caso Púnica, realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, demuestra que se produjo una continuidad en las prácticas corruptas, con el amaño de concursos públicos, entre ambas compañías.

Tras desarrollar su labor en Dalkia, Pedro García Pérez ya trabajaba como director de Mercados de Cofely, cuando su llamada telefónica del 16 de octubre de 2014 fue intervenida por la Guardia Civil. La conversación grabada demuestra que, en aquellos momentos, Cofely mantenía contactos con numerosos ayuntamientos madrileños para obtener adjudicaciones públicas. Entre ellos, menciona a Valdemoro, Arganda, Moraleja de Enmedio, Morazarzal, Casarrubuelos y Torrejón de Velasco.

Respecto a este último municipio, el imputado revela que un directivo de Cofely había prometido al alcalde «pagarle una encuesta y un vídeo-marcador», supuestamente a cambio de obtener la adjudicación de un contrato, pero había incumplido este compromiso.

En otro momento de la conversación, Pedro García Pérez explica que a pesar de todas las gestiones que realiza se siente poco valorado en su actual empresa, Cofely: «Cuando estaba en Dalkia llevaba una cuenta con resultados de 30 millones de euros», afirma, «tenía la dirección de Dalkia en Madrid, Castilla-la Mancha y Castilla y León, tenía cuatro delegados. Pero ahora piensan que soy un comercial y eso no lo voy a permitir».

Es entonces cuando explica que fue él quien consiguió, «con mis dos cojones», que el Ayuntamiento de Galapagar adjudicara un contrato de 19 millones de euros a Dalkia. En un correo electrónico enviado el 27 de marzo de 2012, el mismo Pedro García Pérez se pregunta si «merece la pena modificar la fórmula de Galapagar por la de Alcalá de Henares».

Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación apuntan que podría referirse a la necesidad de modificar las fórmulas matemáticas establecidas en el pliego de condiciones del concurso de eficiencia energética convocado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Y alude como modelo a la «fórmula» que había empleado el de Galapagar, presidido por el alcalde Daniel Pérez, para dar un contrato de 19 millones a Dalkia. El mismo pliego de condiciones utilizado en Galapagar sirvió luego para dar contratos a Dalkia en otra media docena de ayuntamientos.

En el concurso convocado en Alcalá de Henares se enfrentaron Dalkia y Cofely, la antigua y la nueva empresa de Pedro García Pérez. Finalmente obtuvo la adjudicación Cofely por tan sólo cuatro puntos de diferencia, presumiblemente gracias a los cambios en el pliego de condiciones que García Pérez comentaba en su email.

Otro directivo confiesa las mordidas

En este caso, se trataba de un contrato de 14 millones de euros que, finalmente, fue paralizado por el gobierno local ante las dudas legales surgidas. La comisión de investigación creada por el Ayuntamiento determinó luego que el asesor jurídico del Consistorio Fernando García Rubio diseñó el pliego de condiciones a la medida para que el contrato se lo llevara Cofely.

En todo el proceso había jugado un papel determinante Pedro García Pérez, quien apenas un año antes había conseguido que el Ayuntamiento de Galapagar adjudicara a Dalkia un contrato de 19 millones «con mis cojones», según sus palabras.

El ex director de Desarrollo e Innovación de Cofely Constantino Álvarez confesó en febrero de 2018 ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que su compañía camuflaba con facturas falsas los pagos a alcaldes y cargos municipales para obtener contratos públicos. Al igual que Pedro García Pérez, Constantino Álvarez ocupó un alto cargo directivo en Dalkia antes de pasar a Cofely.