Conde-Pumpido jr.: «Hacienda quiere cobrar el 21% por cada servicio sexual de las chicas de Vive Madrid»

«Hacienda quiere cobrar un 21% por cada servicio sexual que prestan las prostitutas, y eso es una aberración». El abogado Cándido Conde-Pumpido Varela -hijo del ex fiscal general del Estado en la etapa de Zapatero- ha explicado con estas palabras la operación Pompeya puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en el negocio de la prostitución.

Como ha informado OkDiario, la Policía investiga a Conde-Pumpido Varela por blanquear presuntamente a través de una cuenta suya del BBVA fondos procedentes de unos empresarios, propietarios de uno de los mayores prostíbulos de la capital, «Vive Madrid», e imputados en la Operación Pompeya.

Como letrado, el hijo del ex fiscal general del Estado asumió la defensa de estos empresarios después de que el juez Andreu ordenara, el pasado mes de agosto, detener a 66 personas, registrar 14 clubes de alterne e intervenir 800 cuentas bancarias, en una investigación dirigida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional.

Según las fuentes consultadas por OkDiario, tras la operación policial el BBVA emitió una alerta a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España, al detectar en una cuenta perteneciente a Conde-Pumpido Varela movimientos de dinero millonarios de procedencia presuntamente ilícita.

Siempre según las mismas fuentes, uno de los empresarios socios del club de alterne «Vive Madrid» habría utilizado una cuenta del BBVA vinculada al joven abogado para transferir fondos procedentes de cobros de sus clientes. El Banco de España ha comunicado estos hechos a la Policía Judicial que, a su vez, ha informado al juez Andreu.

Piruetas para sortear la Ley

En declaraciones a OkDiario, Conde-Pumpido jr. ha asegurado que los fondos ingresados en dicha cuenta corresponden exclusivamente a sus honorarios como abogado, aunque ha alegado que, si hubiera permitido a los propietarios de “Vive Madrid” usar su cuenta para cobrar a clientes de sus negocios de la prostitución, “tampoco sería blanqueo, sino una simple gestión de cobros que es una actividad completamente legal, como la que hacen todos los bancos”.

El letrado explicó que, a su juicio, los empresarios imputados en la Operación Pompeya en ningún caso habrían blanqueado fondos procedentes de la prostitución, sino que en todo caso se trataría de un «autoblanqueo del delito fiscal» que les atribuye a Hacienda.

Y es que la situación de alegalidad en la que se encuentra la prostitución en España obliga a los empresarios del sector a realizar todo tipo de piruetas legales. «En España no está prohibida la prostitución», recordó, pero sí está prohibido obligar a alguien a prostituirse bajo coacciones.

Algunos propietarios de burdeles, añadió el letrado, han intentado regularizar la situación de sus establecimientos mediante una fórmula legal: las chicas se quedan directamente el dinero correspondiente a los servicios sexuales prestados, mientras que el empresario solo cobra por otros servicios como las copas consumidas por los clientes o el alquiler de la habitación.

Sin embargo, argumenta Conde-Pumpido Varela, «Hacienda quiere cobrar un 21% por cada servicio sexual que hacen las señoritas, y eso es una aberración. Si es un negocio ilegal, Hacienda no puede cobrarle impuestos».

Los datáfonos de los burdeles

La investigación policial de la Operación Pompeya se centró en una empresa de Guipúzcoa, Larratruck, que suministraba los datáfonos empleados en estos establecimientos para cobrar los servicios sexuales a sus clientes. Las entidades financieras se negaban a prestar a los locales de alterne este sistema de cobro telemático, para evitar incurrir en actividades de blanqueo de capitales procedentes de una actividad ilegal.

Según la investigación judicial, Larratruk habría lavado cerca de 400 millones de euros procedentes de los prostíbulos de la red, a cambio de quedarse con una comisión próxima al 10% de la facturación. Todo ello se habría traducido en una fraude a la Hacienda pública que ronda los 115 millones de euros.

Este sistema tenía una ventaja añadida: en los cargos realizados en las tarjetas de crédito, siempre aparecía el nombre de Larratruk en lugar del nombre del local de alterne, para tranquilidad de los clientes. Conde-Pumpido Varela explicó que Larratruk dejó de prestar este servicio en 2007, cuando fue sustituida por otra empresa similar, por lo que el presunto delito fiscal probablemente habría prescrito.

El despacho profesional de Conde-Pumpido también asumió la defensa del juez Elpidio José Silva, inhabilitado por encarcelar de forma injustificada al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, y ha participado en otros procesos como los casos Gescartera, Malaya y el Saqueo 2 de Marbella.

En cambio, en contra de lo que ayer indicó por error este diario, no ejerció la defensa de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en la querella que interpuso contra ella Podemos, sino que lo hizo el abogado José Carlos Velasco del despacho Fuster Fabra.