La Comisaría de Vallecas eliminó el acta que hicieron los agentes sobre el robo de Cifuentes

La Comisaría de Puente de Vallecas, dirigida en aquel momento por el comisario Manuel Patricio Rodríguez San Román, eliminó todas las pruebas del robo cometido por Cristina Cifuentes en un hipermercado situado frente a la Asamblea de Madrid.

Cifuentes dimitió ayer como presidente de la Comunidad de Madrid, tres horas después de que OKDIARIO publicara el vídeo en el que la política del PP es conducida por el personal de seguridad del súper a un cuarto, en el que fue retenida hasta la llegada de la Policía Nacional. A petición del vigilante de seguridad, Cifuentes mostró los artículos robados que ocultaba en el bolso (dos frascos de crema Olay antiarrugas) y finalmente accedió a pagarlos.

Dos agentes de la Comisaría de Vallecas, vestidos de paisano, acudieron al centro comercial Madrid Sur después de que los responsables del Eroski comunicaran que habían sorprendido a una clienta intentando llevarse varios artículos sin pagar.

Sin embargo, como ha informado OKDIARIO, al llegar al establecimiento los agentes descubrieron que se trataba de Cristina Cifuentes, que en aquel momento era vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid.

Ni le pidieron el DNI

Tras comunicar estos hechos a la Comisaría, los policías recibieron instrucciones de que se permitiera a la diputada autonómica abandonar el establecimiento, sin llegar a identificarla ni instruir una denuncia contra ella, puesto que finalmente había accedido a pagar los productos robados. Es decir, en ningún momento se le llegó a pedir siquiera el DNI.

Según fuentes policiales de la propia Comisaría vallecana, de acuerdo con el protocolo oficial los dos agentes deberían haber redactado una minuta informando del incidente a sus superiores. Y esta minuta posteriormente debía ser registrada entre los documentos del departamento policial, aunque no hubiera existido una denuncia por parte de los vigilantes del híper.

Y también debería haber quedado constancia, en el servicio de comunicaciones de la Comisaría, del aviso del supermercado sobre la clienta que había sido sorprendida robando. Sin embargo, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, en la Comisaría del Puente de Vallecas no queda ningún rastro oficial de aquel incidente registrado el 4 de mayo de 2011.

Y es que, tras conocer que la implicada era un alto cargo de la Asamblea de Madrid, los dos policías nacionales desplazados al híper telefonearon a un superior y recibieron instrucciones para que Cifuentes quedara en libertad. Las fuentes consultadas por OKDIARIO no han podido precisar, sin embargo, si la decisión fue tomada por el entonces jefe de la Comisaría de Vallecas, Manuel Patricio Rodríguez San Román, o por su jefe del departamento de Seguridad Ciudadana.

Todo fue «un error involuntario»

Posteriormente, una autoridad de la Comisaría llamó a la dirección de Eroski para que se zanjara de la forma más razonable y discreta el incidente del robo, que Cifuentes en su comparecencia de ayer en la que presentó su dimisión calificó de “error involuntario”.

La consigna fue que no quedara constancia de lo ocurrido en ningún papel oficial. El único cabo suelto de esta estrategia fueron las imágenes –publicadas este miércoles en exclusiva en OKDIARIO– de las cámaras de seguridad del establecimiento.

La cadena Eroski ha hecho público este miércoles que destruyó el vídeo antes de que concluyera el plazo de 30 días previsto por la Ley. Pero existían al menos otras dos copias del vídeo.

Ocho meses después de ser cazada robando en un Eroski, Cristina Cifuentes fue nombrada delegada del Gobierno en Madrid y, por tanto, máxima responsable de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la región. Es decir, pasó a tener a sus órdenes a los mandos policiales que habían tapado el escándalo del Eroski y tuvo tiempo para revisar su expediente policial.

Estuvo blindada por mandos policiales

En este cargo, colaboró estrechamente con el ex comisario del Puente de Vallecas Manuel Patricio Rodríguez San Román, que fue designado jefe de servicio de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid.

Más tarde, ya como presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se rodeó de antiguos colaboradores policiales de su etapa de delegada del Gobierno, con quienes mantenía una estrecha relación profesional.

Entre ellos, el sucesor de Rodríguez San Román al frente de la Comisaría de Puente de Vallecas , el comisario Manuel Soto Seoane, que en agosto de 2017 fue nombrado por el Ministerio de Interior a petición de la presidenta madrileña jefe de la Unidad de Cooperación del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad.

En abril de 2014, el ex comisario de Vallecas Rodríguez San Román (bajo cuyo mando se habían eliminado los rastros del robo de Cifuentes en el híper Eroski) fue imputado junto a otros ocho funcionarios policiales por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el caso Emperador.

Imputado y absuelto en el ‘caso Emperador’

La Fiscalía Anticorrupción acusaba a los nueve policías de haber aceptado regalos de la mafia china dirigida por Gao Ping y de destacados empresarios chinos residentes en Madrid, a cambio de favores en la tramitación de permisos de extranjería.

El ex comisario de Vallecas se enfrentó a una petición de pena de cinco años de cárcel, por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. La Fiscalía le acusaba de haber realizado consultas en las bases de datos policiales para suministrar información a un miembro de la mafia de Gao Ping. A cambio de esta colaboración, Rodríguez San Román habría recibido obsequios como unas cajas de vinos, un jamón, entradas para los toros y para asistir a partidos en el Santiago Bernabeu. El comisario habría aceptado estos obsequios en los años 2011 y 2012, cuando se encontraba al frente de la Comisaría de Puente de Vallecas.

Sin embargo, finalmente, en diciembre de 2016 la Audiencia Nacional absolvió a Rodríguez San Román de los delitos que le atribuía la Fiscalía. La sentencia señala que determinados empresarios de la comunidad china buscaron la cercanía y la amistad de los mandos policiales imputados, debido a los problemas de inseguridad y frecuentes atracos que sufrían en Madrid.