Artur Mas, Espadaler, Felip Puig y Oriol Pujol conocían el amaño de los contratos del CNI catalán

El entonces presidente Artur Mas, los consellers Ramón Espadaler y Felip Puig y Oriol Pujol Ferrusola (que en aquel momento era secretario general de CDC) conocían desde 2013 las irregularidades que se estaban produciendo en las contrataciones del «CNI catalán».

Un asesor externo del Ejecutivo catalán, Albert Gabàs, remitió entre abril y mayo de 2013 a estos cuatro dirigentes del PDeCAT varios correos electrónicos en los que les informaba de las presuntas irregularidades cometidas por Carles Flamerich, quien en aquel momento era director general de Telecomunicaciones de la Generalitat, presidente de la agencia de ciberseguridad CESICAT y miembro del consejo de administración del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

Durante la etapa de Carles Flamerich en estos cargos, el CTTI adjudicó sin concurso 2.014 millones de euros en contratos públicos, que fueron a parar empresas vinculadas a dirigentes del PDeCAT. Una de las empresas más favorecidas fue T-Systems (para la que Flamerich había trabajado durante dos años), que obtuvo contratos por valor de 430 millones de euros. La Generalitat recurrió luego a esta misma empresa para gestionar el voto electrónico de los referéndum ilegales de independencia del 9-N y el 1-O.

Albert Gabàs, que en aquel momento era asesor externo del CESICAT, informó de estos hechos por correo electrónico a Artur Mas, Ramón Espadaler (hoy convertido en el fichaje estrella del PSC de Miquel Iceta), Felip Puig y Oriol Pujol Ferrusola. Este último fue el único que contestó y se dio por enterado. A pesar de ello, Carles Flamerich continuó en su puesto durante varios meses, hasta que fue destituido en noviembre de 2013.

Hasta 5 años de cárcel

En cambio, sí contestaron a algunos de estos mensajes dos personas que no figuraban entre los destinatarios: el propio Carles Flamerich y Xavier Panero, que en aquel momento era director de Seguridad del CESICAT.

Albert Gabàs denunció a ambos por un delito de revelación de secretos, que puede acarrearles penas de entre tres y cinco años de cárcel, al tratarse de “personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros”. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ya ha dictado el auto en el que acuerda seguir adelante con la investigación por el procedimiento abreviado, como paso previo para sentarlos en el banquillo.

En su declaración ante el juez, los dos imputados aseguraron que les llegaban los mensajes dirigidos a Mas, Espadaler, Puig y Pujol Ferrosola porque habían descubierto una «vulnerabilidad» en los correos electrónicos de la Generalitat. Por tanto, habían creado un buzón denominado “buzón seguritat Altabis” al que se derivaban automáticamente los mensajes enviados por determinados remitentes. Entre ellos, los de Albert Gabàs.

Pero lo cierto es que los cuatro cargos públicos del PDeCAT recibieron la información sobre las irregularidades que se estaban produciendo en los contratos públicos del CNI catalán, y no hicieron nada al respecto.

La trama del 3% del PDeCAT

En el reparto de los 2.000 millones de euros del CTTI también se beneficiaron empresas como Seidor, que había fichado que había fichado como consultor a Joan Antoni Rakosnik, cuñado del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas. Como ha informado OKDIARIO, desde 2010 Seidor ha obtenido más de 400 millones en contratos de la Generalitat.

Otro lote de 166,6 millones de euros fue a parar a una UTE participada por la empresa tecnológica Emte de Carles Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de Convergencia e imputado por financiar al PDeCAT con la trama del 3%.