La Unión Europea cierra el Pacto de Migración y Asilo con mayor control en las fronteras

El Parlamento Europeo y el Consejo han llegado a un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los Gobiernos una solidaridad a la carta que permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados con alternativas como el pago de una compensación por traslado rechazado.

«¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo», ha anunciado uno de los eurodiputados del equipo de negociación, el democristiano holandés Jeroen Lenaers, a primera hora de este miércoles, tras una madrugada de negociaciones sobre los nueve expedientes que forman el Pacto y que abarcan todo el proceso, incluido el refuerzo del control fronterizo e identificación de los migrantes hasta que se resuelve cada expediente con la concesión del asilo o la decisión de expulsión.

Las nuevas reglas, que necesitan aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser adoptada formalmente, pone fin a años de duras negociaciones entre los propios Estados miembro para consensuar un equilibrio entre la «solidaridad» con los países en primera línea, como España e Italia, y la «responsabilidad» que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.

Finalmente, la solución es un mecanismo de «solidaridad flexible» que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio aparte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace.

El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.

El modelo de solidaridad a la carta también se aplicará al mecanismo de crisis o fuerza mayor para el que el Parlamento Europeo -y países como España e Italia en un primer momento- defendieron sin éxito que debía contar con un sistema obligatorio de cuotas de acogida que se activará únicamente en situaciones extremas.

Entre los principales escollos que han retrasado el acuerdo estaban las salvaguardas para los colectivos más vulnerables, incluidos menores no acompañados y familias, en los procedimientos acelerados en frontera que incluirán deportaciones rápidas para quienes no reciban el estatus de asilado y procedan de países considerados seguros.