La presidenta interina de Bolivia promulga la ley para convocar nuevas elecciones
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha promulgado este domingo la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales. Las dos cámaras del Parlamento han validado la convocatoria. La norma prevé que el cocalero Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García no podrán ser candidatos.
«La ley que acabamos de promulgar es la ley que los bolivianos queremos y por esa ley hemos salido a las calles plazas y rotondas para expresar pacíficamente nuestra decisión de repudio a la forma en la que el Gobierno anterior intentó manipular la voluntad de todos nosotros, por tanto, un fraude escandaloso», ha destacado Áñez en un acto en Palacio Quemado recogido por la agencia de noticias oficial, ABI.
Para Áñez, esta es una de las metas que propuso su Gobierno. Sin embargo, ha subrayado que no ha sido fácil porque hubo que construir consensos para que la ley fuera aprobada por unanimidad, ya que el Parlamento mantiene una mayoría del Movimiento Al Socialismo del dimitido presidente Evo Morales.
La presidenta de Bolivia ha agradecido a los legisladores de las fuerzas políticas este avance hacia «un nuevo pacto social y la construcción de una verdadera democracia». «La ley establece plazos que corren a partir de hoy para elegir un nuevo tribunal electoral. Este tribunal electoral no será resultado de maquinaciones oscuras como lo hizo el Gobierno del expresidente Evo Morales. Este tribunal debe ser integrado por los mejores hombres y mujeres del país», ha argumentado.
La Asamblea Legislativa Plurinacional realizará un nuevo proceso de elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral en un plazo máximo de hasta veinte días desde la aprobación del reglamento.
Los nuevos vocales, elegidos para un mandato de seis años, deberán emitir la convocatoria para las elecciones generales en los dos días siguientes, por lo que los comicios se realizarán en un plazo máximo de 120 días a partir de la convocatoria. Este proceso tendrá el asesoramiento y el apoyo técnico y económico de la UE y de la ONU.
La norma establece la anulación de las elecciones generales del pasado 20 de octubre y que una vez se celebren las nuevas elecciones, Áñez deberá entregar el poder en un plazo de 15 días.
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