Italia y Dinamarca rechazan «la inmigración descontrolada» y piden centros de repatriación

Las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, han publicado este lunes un comunicado en el que exigen un endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea y piden la creación de centros de repatriación en terceros países, fuera del territorio comunitario. Ambas dirigentes consideran «necesario» aumentar las «devoluciones de las personas que no tienen derecho a permanecer en Europa» y defienden la búsqueda de «nuevas fórmulas» para gestionar los flujos migratorios.

«Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de Gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa», comienza el escrito.

Además, Meloni y Frederiksen aseguran que «nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración ilegal en la sociedad: aumento de los índices de delincuencia, creciente presión sobre los servicios públicos y erosión de la confianza pública».

Y agregan que esta situación resulta «especialmente grave cuando los inmigrantes ilegales, privados del derecho a permanecer en nuestros países, cometen delitos violentos, trafican con drogas o son responsables de violencia sexual».

Centros de repatriación

La principal propuesta planteada por Meloni y Frederiksen es avanzar en la creación de centros de retorno o repatriación situados en terceros países, una fórmula que permitiría trasladar fuera de la Unión Europea a determinadas personas que hayan recibido una orden de retorno.

Las dos dirigentes consideran que Europa debe buscar «soluciones innovadoras» fuera de sus fronteras y señalan como referencia el modelo impulsado por Italia en Albania.

La propuesta no implica que Italia y Dinamarca hayan acordado ya la construcción de un centro concreto ni que exista un país determinado para acogerlo. Se trata de una petición política para «acelerar la puesta en marcha» de este tipo de instalaciones y convertirlas en una herramienta habitual de la política migratoria europea.

«Ambas estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que quienes vengan a nuestros países y elijan Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos», concluyen.