La fiscal general de Venezuela pide ante el Parlamento que se ratifique la designación de su vicefiscal

Venezuela
La fiscal general destituída de Venezuela Luisa Ortega (Foto: AFP)

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha solicitado ante el Parlamento que se ratifique la designación de su vicefiscal, anulada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) esta misma semana.

«Acabo de solicitar ante la Asamblea Nacional la ratificación de la designación del vicefiscal general, Rafael González Arias», ha escrito la titular del Ministerio Público en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El Supremo publicó el martes una sentencia con la que anulaba la designación de González Arias, a quien designó la propia Ortega Díaz, al considerar que el nombramiento debe ser aprobado por la Asamblea Nacional.

El alto tribunal explicó en su fallo que corresponderá a la propia Sala Constitucional designar «de manera temporal» al vicefiscal general del país.

La fiscal ha denunciado «un desmontaje progresivo» del Ministerio Público por sus críticas al Gobierno, en alusión a las últimas decisiones del TSJ, al tiempo que ha advertido de que la actual situación de crisis podría derivar en «terrorismo de Estado» por la intención del Palacio de Miraflores de acallar a la oposición.

Ortega Díaz se había mantenido junto al ‘chavismo’, al que ha permanecido fiel durante años, hasta hace unos meses, cuando comenzaron las manifestaciones multitudinarias contra Maduro por la injerencia del Gobierno en los demás poderes del Estado y la crisis económica y «humanitaria».

La fiscal general ha acusado a Maduro de vulnerar la legalidad por la brutal represión de las protestas opositoras –que ha dejado un saldo de cerca de 80 muertos–, por los juicios militares a civiles y por escudarse en el TSJ para anular a la Asamblea Nacional y al Ministerio Público.

Maduro ha urgido a Ortega Díaz a «recuperar el equilibrio», mientras que desde las filas ‘chavistas’ han promovido una acción ante el Supremo para que la cese alegando «insanía mental». La fiscal general ha denunciado que ha recibido amenazas contra ella y contra su familia.

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