Crece un 23% en un solo año el número de cooperantes asesinados

Al menos 139 cooperantes murieron asesinados en 2017, un 23% más que el año precedente, según un informe publicado este lunes y que sitúa a Sudán del Sur como el país más peligroso del mundo —por tercer año consecutivo— para quienes participan en tareas de ayuda humanitaria.

En concreto, Sudán del Sur, Siria, Afganistán y República Centroafricana suman dos tercios de los 158 grandes incidentes registrados en el Informe sobre la Seguridad de los Cooperantes, elaborado por el grupo de investigación independiente Humanitarian Outcomes.

El informe cifra en 313 los cooperantes que han sido víctimas de ataques en un total de 22 países. Entre estas víctimas figuran al menos 139 fallecidos —el segundo mayor balance desde que se recogen datos—, 102 heridos y 76 secuestrados, cuatro de los cuales perdieron la vida.

La mayoría de los ataques tuvieron lugar en contextos donde las organizaciones de ayuda tenían un acceso restringido a la población civil y nueve de cada diez víctimas eran trabajadores locales, lo que refleja la creciente dependencia del personal y los grupos del país en cuestión.

«Los grupos locales están asumiendo el mayor riesgo en estos conflictos», ha advertido una de las autoras del informe, Abby Stoddard, en declaraciones a la Thomson Reuters Foundation.

Secuestros

Entre las conclusiones del informe figura el drástico incremento de los secuestros de cooperantes en Sudán del Sur, que han pasado de dos en 2015 a los 36 registrados el año pasado. Stoddard ha reconocido que es «inusual» que el número de raptos «aumente tan rápidamente».

En el caso del conflicto sursudanés, la coautora del informe asegura que el secuestro se ha convertido en una táctica para controlar el reparto de ayuda y no tanto en una forma de obtener ingresos. «Nos preocupa que se pueda convertir en una forma extendida de ataque como ha ocurrido durante años en Afganistán», ha advertido Stoddard.

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) ha afirmado que un centenar de cooperantes han muerto en Sudán del Sur desde que estalló la guerra civil a finales de 2013. El secretario general de la ONG, Jan Egeland, ha recordado en un comunicado que estos trabajadores «están protegidos por el Derecho Internacional y no deben convertirse en peones del conflicto».