Jueces y fiscales aseguran que la condena a García Ortiz «daña gravemente» la imagen de España

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 21/11/2025 13:18
  • Actualizado: 21/11/2025 13:40

La situación de la Fiscalía ha sido analizada este viernes en la última mesa redonda de las II Jornadas Jurídicas celebradas por OKDIARIO en Marbella (Málaga), pocas horas después de conocerse la condena al fiscal general del Estado. Cuatro expertos han debatido sobre las consecuencias jurídicas e institucionales del fallo, y todos coinciden en valorar el «impacto» de esta histórica condena desde una óptica jurídica. La sesión, celebrada justo antes del cierre del evento, ha contado con la intervención de Andrés Sánchez Magro, juez mercantil; Vicente González Mota, fiscal en activo; Carlos Bautista, ex fiscal y abogado; y Julio Muerza, catedrático de Derecho Procesal.

Sánchez Magro ha subrayado el «descrédito y daño irreparable» que sufre la Fiscalía ante la imagen de su máximo responsable sentado en el banquillo, señalando que este hecho afecta gravemente a la percepción ciudadana y a la confianza en el sistema.

Por su parte, Vicente González Mota ha afirmado que «la sentencia obliga necesariamente al relevo del fiscal general», lamentando que se haya llegado a esta situación. Además, ha denunciado las contradicciones existentes en la gestión interna de la Fiscalía y su relación con los abogados.

Carlos Bautista ha ido incluso más allá, apuntando al diseño constitucional del Ministerio Fiscal como origen del problema. Según ha explicado, la politización del cargo impide cualquier intento real de reforma, pese a la gravedad de lo sucedido.

Desde el ámbito académico, Julio Muerza ha reflexionado sobre los modelos de nombramiento del fiscal general, evaluando sus pros y contras, y ha destacado el daño que la polarización genera en la legitimidad institucional. Los ponentes, en este sentido, han coincidido en que la condena puede conllevar la suspensión, no la expulsión, del cargo, y han abordado las posibles salidas jurídicas: desde el recurso ante el Tribunal Constitucional hasta el indulto, siendo esta última opción la más rápida pero también la más polémica.

También se ha cuestionado la falta de transparencia en el proceso, al conocerse antes el fallo que sus fundamentos. Se ha insistido en la necesidad de motivaciones claras en las resoluciones judiciales, tanto para el público como para la academia.

Finalmente, González Mota ha reivindicado la labor disciplinada de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), destacando su papel en la acusación popular y su respeto al principio de legalidad en todo el procedimiento.