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Díaz exige al Gobierno eliminar las ayudas a la Iglesia por celebrar misas por la muerte de Franco

Sumar exige eliminar las subvenciones directas y las bonificaciones que se aplican a la Iglesia Católica

Yolanda Díaz Iglesia

Sumar ha exigido al Gobierno, del que forma parte, tomar medidas contra la Iglesia por las distintas celebraciones que se produjeron el pasado mes de noviembre por la muerte de Franco. Concretamente, la formación de Yolanda Díaz pide retirar las subvenciones a la Iglesia por estos actos, con base en la Ley de Memoria Histórica que Pedro Sánchez pactó con Bildu.

«La muerte del dictador Francisco Franco Bahamonde supuso el fin de una era de terror, sin embargo, cada 20 de noviembre se realizan misas en iglesias de toda España en recuerdo del dictador. Desde el Grupo Plurinacional Sumar respetamos profundamente el derecho a la libertad religiosa, pero consideramos que este tipo de homenajes públicos en honor al responsable de la muerte y encarcelamiento de miles de personas es contrario a la Ley de Memoria Histórica», señala la formación.

Así, Sumar expone algunas de las celebraciones que se han celebrado en memoria de Franco. Esta veintena de misas, de carácter privado, que se celebraron en multitud de ciudades, entre ellas Madrid, Valladolid, Málaga, Santander, Huesca, Zamora o León, han llevado a la formación a exigir que tome medidas con base en la Ley de Memoria Histórica. De esta forma, el partido de Yolanda Díaz exige al Gobierno retirar «las subvenciones directas e indirectas -contando también con la financiación que tiene de la casilla 105 del IRPF y de las bonificaciones que se aplica a la Iglesia Católica-» por tolerar estas misas en sus templos y propiedades.

El Gobierno ha agitado la figura de Franco de forma recurrente. Prueba de ello es que la reforma del PSOE de la Ley de Asociaciones sólo contempla la disolución de las organizaciones que hagan apología del franquismo, dejando fuera de esta modificación otras asociaciones, como, por ejemplo, aquéllas que ensalzan el terrorismo de ETA.

La modificación legislativa impulsada por los socialistas, que el Congreso aceptó tramitar el pasado mes de octubre, plantea incorporar como causa de disolución de asociaciones «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo». La proposición de ley establece, siguiendo lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, que se considerará apología del franquismo el ensalzamiento del golpe de Estado de 1936, la dictadura de Franco o el enaltecimiento a sus dirigentes «cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas» del golpe de 1936, la Guerra Civil o el franquismo o la «incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Obsesión con Franco

De manera recurrente, el Gobierno utiliza el comodín del franquismo. Pedro Sánchez anunció la semana pasada que el Ejecutivo celebrará más de un centenar de actos en 2025 para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco bajo el lema España en libertad. Asimismo, el líder socialista también anunció la creación del puesto de alto comisionado y un comité científico de expertos para poner en marcha estos actos y colaborar con todas las administraciones en la celebración de los mismos.

El presidente del Gobierno explicó que estas actividades tienen como objetivo poner en valor la gran transformación que ha experimentado España en este medio siglo de democracia y rendir homenaje a todas las personas y «colectivos» que lo hicieron posible. Para ese fin, se llevarán a cabo más de un centenar de «actividades culturales, eventos de diversa índole, en escuelas, calles, y museos» a partir del 8 de enero.

El jefe del Ejecutivo ha presumido en el pasado de los efectos que está teniendo la Ley de Memoria Democrática desde su aprobación hace dos años, como, por ejemplo, que se avanza «con paso firme» en la disolución de la Fundación Francisco Franco. «Porque, evidentemente, en una democracia como la nuestra no hay tirano cuya obra merezca ser ensalzada», ha apuntado. En la misma línea, ha afirmado que gracias a la ley se han exhumado más de 5.600 cuerpos y se han tramitado 637 declaraciones de reconocimiento y reparación personal. También se han «resignificado» 15 lugares de memoria, «como el Valle de Cuelgamuros».

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