Vox se suma al PP y pide que el Constitucional frene el golpe de Sánchez al Poder Judicial
Vox considera que el texto de la proposición de ley "supone en sí mismo una flagrante y notoria vulneración constitucional
El Constitucional convoca un pleno para decidir si paraliza el asalto de Sánchez al tribunal
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Vox ha interpuesto un recurso de amparo solicitando al Tribunal Constitucional para que suspenda la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada al TC de los dos candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La formación liderada por Santiago Abascal se suma así a la iniciativa del Partido Popular, que ha pedido frenar de forma cautelarísima el asalto de Pedro Sánchez al Poder Judicial con su reforma para modificar la mayoría de tres quintos necesaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y así nombrar a sus candidatos al Constitucional.
En un comunicado, el partido de Abascal ha manifestado que se trata de «un supuesto de urgencia excepcional», por lo que instan a la corte de garantías a suspender la tramitación de la iniciativa legislativa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Precisamente, el Tribunal Constitucional se reúne este jueves en un Pleno extraordinario para decidir si se admite a trámite el recurso del PP en el mismo sentido que el de Vox. En concreto, los populares han solicitado paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las citadas enmiendas.
Vox considera que el texto de la proposición de ley «supone en sí mismo una flagrante y notoria vulneración constitucional que fundamentará en caso de ser aprobada la vulneración constitucional y que ya en este momento supone, entre las gravísimas consecuencias que establece la misma, al modificar la configuración propia del Tribunal Constitucional».
A su juicio, esto «supone la desarticulación de un órgano esencial en el sistema de controles y equilibrios del poder». En este sentido, añaden, las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos, ya calificadas y admitidas por la Mesa del Congreso, «ahondan en esta vulneración constitucional».
El partido de Abascal considera en su recurso que «se acude en fraude de ley al procedimiento de aprobación de una proposición de ley con la exclusiva finalidad de eludir el procedimiento de aprobación de un proyecto de ley más riguroso y garantista».
«El proyecto de ley remitido al Congreso por los partidos de coalición gubernamental ha evitado, de forma deliberada, los informes preceptivos al tramitarse como mera proposición», denuncia la formación en su escrito.
En concreto, Vox aduce que al tramitarse como proposición de Ley se elude el artículo 25.3 de la ley del Gobierno, que sostiene que cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente artículo será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
PP
El partido de Alberto Núñez Feijóo considera que la maniobra del Ejecutivo es un «uso fraudulento de los trámites parlamentarios» por la falta de conexión de homogeneidad con el texto de la proposición de ley y porque dichas enmiendas son «inconstitucionales de forma manifiesta».
Los populares señalan que las enmiendas «suponen un atentado a la separación de poderes, una quiebra grave del Estado de Derecho y son indiscutiblemente incompatibles con la Constitución». En su recurso, piden también que se anulen los acuerdos alcanzados en la Mesa del Congreso y solicitan una «medida cautelar inaudita» que suponga la adopción de «las medidas necesarias para suspender la admisión a trámite de las enmiendas referidas, independientemente del momento en que se encuentre la iniciativa legislativa».
El PP presentó ante la mesa de la Comisión de Justicia y ante la Mesa del Congreso las peticiones oportunas para que las enmiendas de la reforma del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional no fueran admitidas a trámite. Tras ser ignoradas, la formación de Feijóo ha optado por presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra los acuerdos de los órganos de la Cámara Baja que han permitido que estas enmiendas hayan sido aceptadas para su posterior tramitación.