Vox revela que Guardiola rechazó una de sus líneas rojas: recortar subvenciones a los sindicatos

Las negociaciones de PP y Vox en Extremadura están rotas y sin visos de encauzarse. La negativa de la popular María Guardiola a admitir un gobierno de coalición con los de Santiago Abascal encamina a la región a una nueva legislatura del PSOE o a unas nuevas elecciones. Por el camino, Guardiola se negó a aceptar algunas de las propuestas planteadas por Vox, como la rebaja de ayudas públicas a sindicatos que ya se aplica en Castilla y León.

Según ha podido saber OKDIARIO, los contactos entre el PP de Guardiola y el equipo de Vox liderado por Ángel Pelayo nunca mostraron mucha sintonía. Sin embargo, la situación dio un vuelco a partir del pasado fin de semana, tras la consecución de 140 ayuntamientos de coalición entre Madrid y Vox a nivel nacional y una vez consolidado el pacto de gobierno en la Comunidad Valenciana. Fue ahí, explican fuentes de Vox, cuando se produjo un cambio de ritmo en Extremadura por parte del PP y de Guardiola. Algo, dicen, parecía haber cambiado.

Pero antes de eso, los contactos nunca fueron fáciles. Durante los encuentros mantenidos en las últimas dos semanas, el equipo de Vox planteó al PP una serie de medidas sobre seguridad, fiscalidad, agricultura e incentivos a familias y a la natalidad, así como otras medidas que los de Abascal consideraban vitales en un pacto político para gobernar la región. Entre esas medidas, se puso encima de la mesa la idea de replicar la rebaja de ayudas públicas a los sindicatos. La misma que ya se aplica en Castilla y León, primer gobierno autonómico de coalición entre ambas formaciones.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes regionales próximas a la negociación, la respuesta popular fue tajante: no habría recorte a los sindicatos. «Ni hablar», fue la respuesta según fuentes de Vox. Ahora ponen en duda los argumentos de Guardiola para dar por finiquitada cualquier posibilidad de acuerdo: que la gran mayoría de las medidas propuestas por el PP las refrendaría cualquier votante de Vox. «¿Mantener a los sindicatos es una de ellas?», reflexionan ahora desde la formación de Abascal. No fue, explican, la única de las medidas planteadas que fue rechazada por el PP.

Miedo en los sindicatos

En las últimas semanas, los contactos entre dirigentes de los sindicatos mayoritarios y el PP se intensificaron para tratar de conocer si su futuro financiero estaba encima de la mesa de negociaciones allí donde los populares había abierto consultas con Vox.

Los contactos más insistentes con Génova llegaron por parte de la UGT, que, según ha sabido OKDIARIO, tiene «línea directa» con el equipo de Feijóo. El líder popular mantiene una buena relación con el sindicato desde sus tiempos en la Xunta de Galicia.

Según estas fuentes, los emisarios sindicales buscaban conocer si el PP aceptará un plan similar de recorte de ayudas al que se ha aplicado en Castilla y León y ha dejado a estas organizaciones al borde del colapso económico.

Avisos

Los miedos entre los sindicatos mayoritarios tienen su base: en Castilla y León, UGT y CCOO han tenido que aplicar los ERE a sus plantillas al no poder hacer frente a los gastos de personal que suponen las cerca de 300 personas que trabajan para ambos sindicatos en esa región. En total, los despidos de uno y otro superan el centenar.

Los nervios en UGT y CCOO comenzaron a extenderse cuando Abascal advirtió que Castilla y León era sólo el comienzo. Fue el pasado 1 de mayo, cuando señaló desde Madrid a «los mismos que cuando gobernemos saldrán a la calle, a hacer huelgas y a amenazar a los trabajadores que quieran abrir sus negocios: no les tenemos miedo, les quitaremos las subvenciones y les pondremos en su sitio, como ha hecho el Ejecutivo de Castilla y León».

El espejo de medidas para el futuro allí donde gobierne Vox es el de Castilla y León. Allí, se han eliminado el 50% de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos de la región. Así lo anunció el vicepresidente, Juan García-Gallardo, hace justo un año. Ese recorte del 50% a sindicatos y patronal supone, según los cálculos oficiales, un ahorro de más de 20 millones.

Asimismo, las medidas adoptadas también recogen la eliminación de las «subvenciones directas para diálogo social» y prevención de riesgos laborales percibidas hasta ahora por estos mismos agentes sociales por importe de otros tres millones de euros. Además, se contempla la supresión de las cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales, o las subvenciones a organizaciones representativas del trabajo autónomo y la economía social.