Los vocales del CGPJ afines al Gobierno vetan una condena a sus ataques a la independencia judicial

Los vocales del bloque izquierdista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han descartado incluir en el orden del día una propuesta de independencia del poder judicial firmada por el ala conservadora. La mencionada propuesta hacía alusión a las críticas sobre la aplicación de la Ley de Amnistía promulgadas por miembros del Gobierno. El Ejecutivo acusó a los jueces del Tribunal Supremo de «extralimitarse» al no perdonar la malversación a Carles Puigdemont. El CGPJ, que tiene entre sus funciones principales la defensa y garantía de la independencia judicial, ha rechazado condenar las palabras de los miembros del Consejo de Ministros elegido por Pedro Sánchez.

El Gobierno ha cargado contra la negativa de los jueces a aplicar la Ley de Amnistía en su totalidad. El pasado 12 de agosto, el Gobierno defendió la labor del Ejecutivo sobre esta ley gracias a la que Pedro Sánchez consiguió los apoyos del independentismo para lograr su investidura. «El Gobierno ha hecho lo que podía y lo que debía y ahora es el turno de que los jueces hagan lo que corresponde, que es interpretar las leyes con arreglo, sobre todo a su tenor literal. Esa interpretación no hay por dónde agarrarla», lamentó el Ejecutivo, a la vez que mencionó que estaba a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronunciase al respecto. «Lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una Ley de Amnistía que es clara, que es terminante y que debería haber puesto punto y final a la cuestión judicial del procés», dijeron tajantemente.

Ante estos ataques a la labor judicial, los vocales José Luis Costa, José Antonio Montero, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal propusieron incluir un nuevo punto en el orden del día relativo a la defensa de la independencia judicial frente a determinados ataques de miembros del poder ejecutivo en el pleno celebrado esta mañana del 19 de agosto. «Desde la constitución de este CGPJ, el día 25 de julio de 2024, se han producido declaraciones públicas de miembros del Gobierno de la Nación, que consideramos exceden de lo que es el legítimo uso de la libertad de expresión y de las críticas moderadas y racionales a las resoluciones judiciales, siempre susceptibles de impugnación por los cauces legales dispuestos al efecto», señalan los vocales en la propuesta a la que ha tenido acceso este periódico.

Y prosiguen: «Afirmar que el Tribunal Supremo se extralimita al interpretar una ley, cuando esta es la función principal que le atribuye la Constitución a los órganos judiciales, o atribuirle una actuación que no hay por donde cogerla, y anunciar que la interpretación realizada no prevalecerá sino que lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, junto con el resto de descalificaciones vertidas ante los medios de comunicación, son manifestaciones fuera de los límites que exige la separación de poderes y el respeto entre los mismos. Con dichas manifestaciones solo se consigue el desgaste de la Justicia y el cuestionamiento de su independencia. No hay democracia ni estado de Derecho sin un poder judicial independiente que se perciba como tal por los ciudadanos». 

Los vocales también inciden en que «resulta especialmente grave las referidas manifestaciones no sólo por provenir de personas con altas responsabilidades institucionales, sino, también, y especialmente, por obviar los llamamientos que tanto el Pleno como la Comisión Permanente de este órgano vienen realizando, y de las que se ha hecho eco el Informe sobre el estado de Derecho en 2024 en España, de la Comisión Europea de 24 de julio de 2024».

Por todo ello, los vocales del sector conservador querían emitir un comunicado rechazando las manifestaciones del Gobierno, haciendo un llamamiento para la contención y la prudencia en la crítica a las resoluciones judiciales. «Solicitamos a los responsables que cesen sus manifestaciones en términos similares a los que ahora denunciamos, que de continuar podrían afectar a la previsión contenida en el artº 2 del TUE», señalaban los vocales conservadores del CGPJ en la propuesta que ha sido vetada por los miembros a propuesta del PSOE.