Uno de cada 4 agresores sexuales ya ha visto rebajada su condena gracias a la Ley Montero

Uno de cada cuatro agresores sexuales condenados ya han visto rebajada su pena por la aplicación de la conocida como ley del sólo sí es sí. de Irene Montero. Según el último balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 943 delincuentes han sido beneficiados por esta ley, de los cuales, 103 han salido de prisión de forma anticipada. A la entrada en vigor de esta ley, en octubre del año pasado, en las prisiones españolas había 4.008 presos condenados por delitos sexuales, por lo que las cifras del Poder Judicial suponen que un 23,5% hayan visto ya reducidas sus condenas por la rebaja en las horquillas penales.

El recuento ofrecido este miércoles por el CGPJ es, en cualquier caso, provisional, pues fuentes jurídicas han informado que aún queda por recopilar información de varias audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia. Las Audiencias de Guipúzcoa, Granada, Sevilla y Teruel y los tribunales de Andalucía, Canarias, Castilla y León y País Vasco no han remitido aún sus datos.

Esto significa que, en apenas un mes -el anterior balance se publicó el 2 de marzo-, 222 agresores sexuales han visto rebajada su condena. Entonces, el CGPJ cifró en 721 las reducciones de pena por la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, con 74 excarcelaciones. En este tiempo, por tanto, 29 condenados por delitos sexuales han salido en libertad. El órgano de los jueces precisó entonces que este dato no era la cifra real, debido a los problemas para recabar la información al completo, fundamentalmente por la huelga de letrados de la Administración de Justicia. La cifra tampoco incorporaba las revisiones de pena tramitadas por los Juzgados de lo Penal (competentes para enjuiciar delitos contra la libertad sexual penados con hasta cinco años de prisión).

Ataques

La ley del sólo sí es sí entró en vigor el 7 de octubre y las primeras reducciones de condena se conocieron en noviembre. Desde entonces, se ha producido una cascada incesante de rebajas y excarcelaciones, sin que el Gobierno haya asumido responsabilidades políticas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, siempre se ha negado admitir el error y ha atribuido esas revisiones a «una minoría de jueces» que «aplican mal la ley», acusándoles así de prevaricación. Desde el PSOE han presentado una reforma que no cuenta con el apoyo de Podemos y que se votará la próxima semana en el Congreso. Esa iniciativa, en cualquier caso, sólo se aplicaría a las nuevas agresiones que se registrasen tras su entrada en vigor y no evitaría las rebajas y excarcelaciones de los ya condenados. La propia Montero admitía este mismo miércoles que «la rebaja de condenas no la va a evitar ninguna reforma». La propuesta ha provocado una crisis total entre los socios de la coalición.

Al margen, el Tribunal Supremo ha fijado un Pleno monográfico el 6 y 7 de junio para fijar criterio sobre las revisiones efectuadas por los tribunales sentenciadores a causa de la reforma penal.

Será la primera vez que el alto tribunal entre a analizar si los tribunales han aplicado bien la Ley del sólo sí es sí en sus revisiones de pena. Los magistrados llevarán a cabo este estudio con el objetivo no sólo de unificar criterio sino de fijar doctrina, y porque ya acumula más de 20 recursos de casación contra autos de revisión. En varias ocasiones, el Supremo ha señalado ya, no obstante, que las rebajas son obligatorias por el principio de retroactividad, que obliga a aplicar la ley más favorable al reo.

La Fiscalía General del Estado ha tratado de frenar las rebajas con una circular en la que ordena a los fiscales que «como regla general, no procederá la revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal». En cuanto a los supuestos de revisión de sentencias firmes, la circular establece que se actuará «excepcionalmente» sólo «cuando la aplicación estricta de esta regla provoque resultados manifiestamente desproporcionados».

Crisis

La nueva actualización del CGPJ se conoce en plena polémica entre los socios de la coalición y a pocos días de que el Congreso debata la reforma socialista para elevar las penas. Previsiblemente, la reforma saldrá adelante con el apoyo del Partido Popular y el rechazo de Podemos, ya que el PSOE ha rechazado negociar las enmiendas de la formación morada alegando que «no solucionan el problema» de los «efectos indeseados» de la ley.

Cabe recordar, no obstante, que, como reveló OKDIARIO, ya durante la elaboración de la ley del sólo sí es sí, Presidencia alertó a Igualdad sobre esta rebaja de penas y advirtió de que debían aumentar las horquillas penales. Pese a ello, Pedro Sánchez dio el visto bueno a la ley en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021, permitiendo así que el proyecto iniciase su andadura parlamentaria.

El CGPJ estima que las rebajas y excarcelaciones continuarán en los próximos meses. De hecho, en su reunión con la delegación de eurodiputados que hace unos meses visitaron España para analizar las consecuencias de esta ley, se advirtió que los efectos podrían durar hasta cinco años.