Uno de cada 3 votantes del PSOE, contra la ‘Ley Trans’ que deja a los menores cambiar de sexo sin control

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 01/11/2022 06:49
  • Actualizado: 01/11/2022 08:56

La Ley Trans, impulsada por Irene Montero, provoca el rechazo de hasta el 45,9% de los españoles, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO. Los datos revelan la fuerte contestación que encuentra la polémica norma, que permite el cambio de sexo a partir de los 14 años sin necesidad de informes médicos ni tratamiento, y sin consentimiento de los padres ni limitación alguna a partir de los 16. Ese rechazo se extiende también entre los votantes del PSOE. El 34,9% opina que la ley -una de las iniciativas estrella de Montero- es «poco adecuada» o «totalmente inadecuada», por un 17,1% de los de Podemos.

De forma general, el 20,8% de los españoles considera que la norma es «muy adecuada» y un 16,9%, «bastante adecuada». Pero son más quienes se posicionan en contra. El 23,8% la ve «poco adecuada» y el 22,1% «totalmente inadecuada». Hay un 16,4% no sabe o no contesta.

Por partidos, evidentemente, el apoyo varía de forma abrumadora. Los datos reflejan que la ley recibe mayor aceptación entre los votantes de Podemos (hasta un 43% la aplaude como «muy adecuada») que entre los del PSOE (33,8%). Sólo un 2,8% de quienes votaron al PP en 2019 y el 1,3% de votantes de Vox la aprueban sin discusión. Casi la mitad de los electores de Abascal la consideran, de hecho, «totalmente inadecuada» (48,4%), como lo hace un 33,9% de los del PP.

Críticas

El texto ha suscitado importantes recelos en el seno de la coalición y dentro del propio socialismo. De hecho, el PSOE ha retrasado su tramitación y ha registrado varias enmiendas que tumban algunas de sus principales medidas. Los socialistas quieren, por ejemplo, que todos los menores, hasta los 16 años y no los 14, tengan que recibir el respaldo de un juez para cambiarse de sexo. Además, pretenden endurecer las condiciones para que una persona que haya cambiado de sexo pueda volver a hacerlo, exigiendo que ese proceso tenga también autorización judicial.

La norma ha recibido los informes críticos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado. El máximo órgano de los jueces pidió limitar la «autodeterminación» de género a los mayores de edad y acordó proponer que se elevase a los 18 años el límite de edad para que una persona pueda solicitar por sí misma la rectificación. Consideró, asimismo, que la norma «contradice» el derecho de Igualdad de la Constitución.

El Consejo de Estado, por su parte, sostuvo también que el cambio de sexo no se puede sostener «sobre la base de una decisión libérrima de la persona, no sujeta a condicionante alguno» y pidió que los menores se sometan a la valoración de un juez, que compruebe su «madurez para comprender y evaluar las consecuencias de su decisión» y vele por «su interés superior».

No sólo eso. Los psiquiatras se han mostrado también «altamente preocupados» por las consecuencias de la ley. Desde la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA) han advertido de que su entrada en vigor supondrá un riesgo para «el derecho a la salud de los niños», al prescindir totalmente del circuito médico y de los profesionales que deben valorar la presencia de posibles patologías en los menores. Denuncian que la norma «no sólo no protege, sino que pone en riesgo el derecho fundamental de los niños a una atención médica integral».