España

La UE castigó con 1 millón al día a Polonia por atacar el Estado de Derecho como Sánchez con la amnistía

Bruselas sigue muy vigilante a la aprobación de la Ley de Amnistía en España y su impacto en la separación de poderes

Bruselas sigue muy atenta a la aprobación de la Ley de Amnistía en España y su impacto en la separación de poderes y el Estado de Derecho. La baza europea es a la que se aferran los constitucionalistas, a la espera de que desde la UE se frene la última cesión de Pedro Sánchez al separatismo. Suele ser un procedimiento largo y complejo, pero ya existen precedentes de pronunciamientos ejemplares. Ocurrió, por ejemplo, con Polonia, condenada por el Tribunal de Justicia de la UE a pagar un millón de euros al día -luego se rebajó a medio millón- por su reforma contra la independencia de los jueces. En su resolución, el tribunal advertía que la sanción era indispensable para evitar la lesión irreparable del «Estado de Derecho».

La multa llegó tras el mecanismo activado por la Comisión Europea contra la ley polaca, de 2019, que afectaba al régimen de los jueces. Esa ley otorgaba a la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo poder para convertirse en un órgano de fiscalización y castigo de la actividad judicial, de forma, por ejemplo, que se imponía a los magistrados «la obligación de comunicar información sobre sus actividades en asociaciones o fundaciones, así como sobre su afiliación política en el pasado», vulnerando así «el derecho al respeto a la vida privada y el derecho a la protección de los datos personales». La reforma, que afectaba además al régimen de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo de Polonia, suponía en consideración de Bruselas un «riesgo de perjuicio grave e irreparable para la independencia judicial en Polonia y, por lo tanto, del ordenamiento jurídico de la Unión».

Recordaban entonces las autoridades comunitarias que «la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales es esencial para el funcionamiento de la cooperación judicial entre los Estados miembros de la UE». En consecuencia, se activó un procedimiento de infracción que, ante los avisos desoídos por parte de Polonia, acabó en el Tribunal de Justicia europeo.

Amnistía y Estado de Derecho

En sus comunicados, la Comisión avisaba que «el Estado de Derecho es uno de los valores comunes en los que se funda la Unión Europea», un paralelismo -pese a tratarse de dos casos distintos- con la Ley de Amnistía. «Está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. La Comisión Europea, junto con el Parlamento Europeo y el Consejo, es responsable, con arreglo a los Tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de la Unión y de velar por que se respeten la legislación, los valores y los principios de la UE».

El procedimiento de sanción está recogido en el propio Tratado de la Unión Europea, que establece que el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de vulneración grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado.

Por ahora, en el caso español, la Comisión Europea mantiene la prudencia y estudia los siguientes pasos para evaluar cómo la Ley de Amnistía afecta al Estado de Derecho. En primer lugar, las autoridades europeas quieren disponer del texto íntegro de la ley, que ya ha sido admitida a trámite en el Congreso.

Esta semana, el Pleno de Estrasburgo celebró un debate sobre el proyecto del ley del Gobierno español, en el que el comisario de Justicia, Didier Reynders, avisó que está recibiendo muchas preguntas parlamentarias y quejas «de ciudadanos de muchas partes» y que Bruselas estudiará el texto con «detenimiento, independencia y objetividad».

En Bruselas preocupa especialmente que el Gobierno español hable de lawfare, el término con el que el separatismo denuncia una supuesta persecución judicial.

La Ley de Amnistía no recoge el término como tal, pero sí su espíritu, al decidir que será de aplicación a los estrechos colaboradores del ex presidente catalán Carles Puigdemont. Además, el pacto suscrito entre el PSOE y Junts lo admite expresamente: «Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».