Crisis del coronavirus

La UE alerta a Sánchez: los brotes tendrán un «alto impacto» si España no multiplica el rastreo activo

España es el país de la UE con más contagios por 100.000 habitantes

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Pedro Sánchez vuelve a desoír los avisos de los expertos sobre la expansión y el riesgo del coronavirus. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), agencia sanitaria de la Unión Europea de la que precisamente Fernando Simón es asesor, ya avisó al inicio de la pandemia sobre la urgencia de tomar medidas, como la suspensión de actos multitudinarios. Ahora, en un escenario de rebrotes, vuelve a lanzar la alerta: el virus tiene un «alto impacto» en poblaciones sensibles y es preciso actuar.

Así lo recoge el ECDC en uno de sus últimos informes, en el que específicamente aborda el resurgir de casos en toda la UE. De acuerdo a los datos reportados, España se encuentra en la ‘zona roja’ de la pandemia en Europa, situándose como el país con más contagios por 100.000 habitantes. Un indicador que evidencia la ineficiente gestión por parte de Pedro Sánchez, quien, tras el fin del estado de alarma, ha eludido sus responsabilidades atribuyendo esa competencia en exclusiva a las comunidades autónomas.

La ley, y la propia Constitución, reiteran en cambio la función de «coordinación» reservada a la Administración del Estado, así como la vigilancia y el análisis epidemiológico «en los procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia e interés nacional o internacional», como reza la Ley General de Sanidad. Es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la obligación de vigilar la evolución de la pandemia y la omisión de medidas ante una situación crítica, en su caso, también sería su responsabilidad.

Rastreo y pruebas

El ECDC, en un dosier al que ha tenido acceso OKDIARIO, insta a los gobiernos a actuar, apreciando que la situación puede ser crítica en aquellos contextos en que se constate un incremento de contagios -que no procedan de un uso más generalizado de test- y transmisión comunitaria, como es ya el caso de varias regiones en España. En estos países, señala el organismo, existe una «muy alta probabilidad de infección» y, aunque el riesgo para la población general puede ser «moderado», se eleva considerablemente -a «muy alto»- para poblaciones con factores de riesgo. Así, la probabilidad de que la pandemia siga expandiéndose se considera elevada si no se adoptan medidas adecuadas, entre las que se incluye un «sistema de monitoreo» adecuado, rastreo de contactos y capacidad para hacer pruebas de manera «exhaustiva».

En este contexto, el organismo sanitario insiste en que es preciso disponer de un sistema que permita «detectar rápidamente una mayor transmisión», «una estrategia de prueba ampliada» y «un marco para el seguimiento de contactos, basado en pruebas exhaustivas, búsqueda activa de casos, detección temprana, aislamientos y cuarentenas, y seguimientos de contactos respaldados en su caso por aplicaciones electrónicas». Por otro lado, se señala también que «una estrategia sólida de comunicación de riesgos debería recordar a los ciudadanos que la pandemia no ha terminado». 

Pedro Sánchez no sólo rechaza la extensión de las pruebas PCR y su uso generalizado, que sólo se emplean para personas con síntomas, pese a que la mayoría de los nuevos contagiados son asintomáticos, y sus contactos. También ha renunciado a actuar ante la evidencia, por ejemplo, de que Cataluña, una de las comunidades en situación más crítica, carece de un sistema eficaz de rastreo o ha realizado menos test diagnósticos que regiones con menos contagios.

Además, el Gobierno ha vacilado en el mensaje que, en los últimos días, transmite a los ciudadanos.

Niega la segunda ola

La pasada semana, María José Sierra, jefa de Área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, admitió incluso que podríamos estar ante una segunda oleada de coronavirus, y asumió que existía «transmisión comunitaria» en «algunas áreas».

«Nunca ha dejado de haber transmisión del coronavirus, hemos bajado mucho la curva, pero no ha desaparecido», admitió Sierra. Dijo también que «en cuanto el virus ha tenido espacio para transmitirse» se han producido «brotes importantes».

Sin embargo, ahora la versión es distinta. Para La Moncloa no estamos en una segunda oleada y, por tanto, no es preciso actuar. El Gobierno intenta trasladar públicamente que la situación está controlada. El mensaje es de tranquilidad. «Hay rebrotes porque tiene que haberlos, porque hay contagio», llegó a decir este lunes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Finalmente, el ECDC insta a las «autoridades nacionales» a «analizar cuidadosamente el aumento en la incidencia para evaluar si estos están asociados con aumentos en la transmisión y si estos involucran a poblaciones con factores asociados con un riesgo elevado», como, señala, los ancianos en residencias.

Cabe recordar que este organismo ya avisó en repetidas ocasiones, al inicio de la epidemia, de la necesidad de adoptar medidas urgentes. Como publicó este periódico, ya desde el 10 de febrero alertó del riesgo que suponían los eventos de masas para la propagación. El aviso era claro: «Las reuniones masivas aumentan el número de contactos cercanos entre personas durante largos periodos. Por tanto, pueden conducir a la introducción del virus y a la propagación». Pese a ello, como es conocido, el Ejecutivo autorizó y alentó las manifestaciones ideológicas del 8-M, que se celebraron por todo el país. El Gobierno no reaccionó hasta un mes después de aquel documento.

La inacción de Sánchez, descargando toda la responsabilidad en las comunidades autónomas, choca con la ley y la propia Constitución que, pese al reparto de competencias, reserva un papel protagonista a la Administración del Estado en su función de «coordinación». 

Esto implica que el Ejecutivo no debe actuar como un mero espectador y que el reparto competencial no es excusa para rechazar cualquier tipo de actuación.

La actitud del Gobierno es criticada desde la oposición. El líder del PP, Pablo Casado, insistió este lunes  en que es posible actuar ya sin necesidad de recurrir al estado de alarma, la única medida contemplada por el Gobierno en el caso de que la situación se desbarate todavía más.

El dirigente ‘popular’ ha propuesto una reforma de la Ley Orgánica de Medidas de Salud Pública, que permita al Gobierno actuar con medidas inmediatas como las cuarentenas, confinamientos o limitación de movimientos, para hacer frente a los rebrotes. Sería una modificación ‘exprés’ que agilizaría la contención del virus.

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