El truco contable de Plus Ultra: presume de pagar impuestos para no explicar por qué no devuelve el rescate

Dos directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas han presentado ante la Audiencia Nacional extensos escritos en los que invocan el pago de 46,3 millones de euros en impuestos y Seguridad Social entre 2021 y 2026 como prueba de que cumple con sus obligaciones frente a la SEPI.

Sin embargo, del rescate de 53 millones de euros concedido en marzo de 2021, la compañía sólo ha devuelto intereses —11,98 millones de los 13,1 millones devengados—, mientras el principal permanece sin amortizar y su devolución se negocia actualmente aplazar hasta 2028.

En paralelo, los documentos judiciales reconocen cómo un 1% de esa ayuda pública, 527.417 euros, acabó en manos de intermediarios vinculados al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En relación a «la facturación del 1%, los conceptos que constan en las facturas son inciertos», admiten.

Los escritos, firmados por los procuradores de Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, forman parte del caso Zapatero que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional.

Estructura del rescate

El Consejo de Ministros autorizó el 9 de marzo de 2021 el apoyo financiero a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). El rescate se dividió en dos tramos: un préstamo ordinario de 19 millones, a devolver en cinco años, y un préstamo participativo de 34 millones, a reembolsar en siete, con vencimiento en 2028.

El primer desembolso, de 19 millones, llegó el 18 de marzo de 2021. El segundo, de 34 millones, se completó el 10 de agosto de ese mismo año.

Ese préstamo ordinario debía haberse amortizado en marzo de 2026. La aerolínea no pudo afrontarlo y ahora negocia con la SEPI trasladar su vencimiento hasta 2028, para hacerlo coincidir con el del préstamo participativo.

Como garantía de los 53 millones, Plus Ultra tiene pignorado el 51% de sus acciones, cuya ejecución permitiría al Estado tomar el control de la compañía.

Comisiones ocultas

Los escritos judiciales detallan cómo, para lograr el rescate, la aerolínea recurrió a intermediarios con acceso directo a Zapatero.

En una conversación de WhatsApp del 18 de mayo de 2020, Rodolfo Reyes, entonces máximo accionista, escribió a Roberto Roselli: «¿Vas a estar en la conversación con Zapatero?». Roselli respondió que hablaba «con un lacayo» y que ya le habían anunciado que montarían «su finance boutique», añadiendo: «Así que por (ahí) vendrá la mordida». Reyes contestó: «Jajajjaja. Pues sí funciona.»

Meses después, ya en pleno trámite ante la SEPI, Reyes fue explícito sobre las expectativas económicas: «Sólo pedimos el 5% de lo que den a Iberia y Europa», escribió a Martínez Sola el 4 de julio de 2020.

Finalmente, el pago pactado se fijó en el 1% de la ayuda concedida, unos 641.300 euros con IVA, aunque el contrato formal con la sociedad Idella Consulenza Estratégica –de Julio Martínez Martínez– nunca llegó a firmarse.

El importe real, 527.417 euros, se canalizó a través de tres sociedades sucesivas —Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe; todas propiedad del pagador de Zapatero— y de 46 billetes de avión en clase business valorados en 69.000 euros.

Las facturas de estas sociedades incluían conceptos como «Honorarios mensuales, por elaboración de informe» o «Gestión vuelos operado por SACSA». El propio escrito de la defensa admite que esos conceptos eran «inciertos», ya que, según reconoce textualmente, «o no existió tal informe o la materialidad de los 6 o 7 informes que se hicieron llegar era irrelevante para Plus Ultra y simplemente encubridora».

Impuestos como coartada

Frente a las comisiones opacas y a la deuda pendiente, la defensa exhibe ante el juez el pago de nóminas, cotizaciones sociales e IRPF como aval de normalidad empresarial.

Los escritos sostienen que ese pago de intereses «acredita el cumplimiento sustancial y sostenido en el tiempo de las obligaciones financieras derivadas del rescate, con pagos registrados en cada uno de los ejercicios 2021 a 2026, lo que resulta contrario a la representación de una compañía en situación de impago o de insolvencia frente a la SEPI».

El Gobierno ha señalado que el FASEE «está estudiando el plan de viabilidad de la compañía que permita garantizar la viabilidad de la compañía y la devolución de los fondos».

La aerolínea presenta además cifras de crecimiento sostenido: su facturación ha pasado de 56,6 millones de euros en el ejercicio 2021/2022 a 215,7 millones en 2025/2026, multiplicándose por 3,8. La plantilla ha crecido de 329 a 679 empleados en el mismo periodo.

Rodolfo Reyes, a través de su sociedad Snip Aviation, llegó a controlar el 64% de Plus Ultra tras dos ampliaciones de capital en 2017. Su salida del accionariado, culminada en octubre de 2025 con la venta a Sky Solutions, se produjo, según los escritos, porque «las informaciones publicadas en el pasado en torno al Sr. Reyes estaban dificultando, o incluso impidiendo, la incorporación de nuevos inversores».

Tras su marcha, la propia compañía ha emprendido acciones penales contra Reyes en Venezuela por presuntas apropiaciones de fondos y falsificación de pagos a proveedores.

La contabilidad, en definitiva, revela una suerte de trampantojo: mientras Plus Ultra despliega ante el tribunal cifras de nóminas y nuevos empleos como si fueran un aval del rescate, la deuda que originó ese rescate —53 millones de dinero público— sigue ahí, casi tan intacta como el día en que llegó, esperando una fecha de devolución que ya se ha aplazado una vez y que amenaza con aplazarse otra.