El Tribunal Supremo asumirá la semana que viene todas las causas contra los golpistas

El Tribunal Supremo asumirá la semana que viene todas las causas abiertas contra el «golpe de Estado» en Cataluña. Según las fuentes consultadas, el Alto Tribunal se hará cargo de la causa que instruye actualmente la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, por rebelión, sedición y malversación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los miembros de su Govern «en los próximos días».

Hasta el momento, el Tribunal Supremo instruía la querella que afectaba a la destituida presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa: Joan Josep Nuet, Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Corominas y Lluís Guiñó. 

Las mismas fuentes apuntan que la investigación de esta causa «no puede estar dividida en varios tribunales y que el Tribunal Supremo siempre es más garantista».

De hecho, en el propio auto de admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía que elaboró el presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, ya se indicaba la naturaliza «inescindible» de la causa: «Será la instrucción la que ponga de manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para esta Sala, como sugiere el Ministerio Fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos jurisdiccionales, pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los que aquí van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados».

A continuación añadía el auto, «asimismo hacer extensiva esa competencia, para el caso en que el Magistrado instructor así lo considere oportuno, respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados».

Por otro lado, la juez Lamela en su último auto apostillaba que la Audiencia Nacional era el órgano competente para juzgar estos hechos relacionados con el desafío secesionista. La magistrada ya investigaba desde hace semanas la causa abierta por sedición contra los presidentes de las entidades secesionistas ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, actualmente encarcelados en Soto del Real, y contra el exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero y la intendente del Cuerpo, Teresa Laplana.

Además tal y como solicitaba el Ministerio Público en la querella, Lamela ya había reclamado al TSJC y a los Juzgados catalanes todas las causas relacionadas con el desafío independentista.

Todavía se desconoce si el Tribunal Supremo esperará a tomar declaración como investigados a Forcadell y a los miembros de la Mesa el próximo jueves día 9 para asumir la causa del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, o lo hará antes.

El instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, aceptaba aplazar las comparecencias previstas al día 9, tras atender la petición de todas las defensas. Estos alegaban que «necesitaban disponer de más tiempo para preparar la defensa» de sus clientes, ya que apenas el día anterior les fueron notificadas las citaciones judiciales respecto de una querella que la Fiscalía presentó el lunes y el Supremo admitió el martes.

Puigdemont en ‘busca y captura’

Mientras, este viernes, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, cursaba la orden de detención internacional contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y los exconsejeros de Enseñanza, Clara Ponsatí; Salud, Antoni Comín; Agricultura, Meritxell Serret; y Cultura, Lluís Puig, por delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad.

En su auto, la magistrada se refería así al huido Puigdemont: “El reclamado al frente del Gobierno regional de Cataluña, de común acuerdo con otras autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas, unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión de Cataluña».

«Para ello», añade, «promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional”.

También destacaba que «el reclamado, al frente del Govern de la Generalitat de Cataluña, continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un futuro Estado catalán independiente en forma de república valiéndose para del poder que otorgaba tener la mayoría absoluta de diputados, no de votos, en el Parlamento de la Comunidad Autónoma integrados en los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP”.